A Manuel Ramón Alarcón Caracuel

Compañero y amigo

Introducción

Aunque el estudio de los problemas específicos que el colectivo de personas de edad avanzada presenta en su relación con el mercado de trabajo no es, desde luego, una cuestión novedosa en nuestro sistema —baste recordar las múltiples normas que desde el Decreto 2431/1966 de 13 de agosto han abordado monográfica o asistemáticamente esta cuestión—, no lo es menos que los profundos cambios, tanto tecnológicos como demográficos y económicos que afectan a nuestra sociedad, han vuelto a reactivar la atención por este tema, incorporando eso sí, nuevas lógicas e intereses que se unen o incluso ensombrecen las perspectivas con las que nuestro ordenamiento ha venido abordando tradicionalmente esta cuestión.

En este sentido, resulta evidente que lo que podríamos considerar como la “primera hornada” de normas que abordan este tema —por mencionar algunas el Decreto 1293/1970 de 30 de abril, la Orden de 18 de enero de 1971 o el Decreto 3090/1972, de 2 de noviembre— parten básicamente de la consideración de este colectivo —por lo demás de “geometría variable” tanto en su edad como en su cambiante denominación— como uno más de los grupos —al igual que jóvenes, personas con discapacidad, etc.— postergados en su acceso —o incentivados en su salida— del mercado de trabajo. Esta visión fue la que condujo a un tratamiento normativo similar al del resto de tales colectivos, convirtiéndolos en destinatarios prioritarios de las políticas activas de empleo, ya fuese priorizándolos en la intermediación y formación, posibilitando la reserva de puestos de trabajo o incluso incentivando su contratación, unos aspectos estos a los que, eso sí, por la singular posición dada al “cabeza de familia” en la lógica fordista de aquella primera regulación preconstitucional, se unió un conocido tratamiento singular y protector en los supuestos de crisis de empresas.

En este contexto, podría parecer que la aprobación de la Constitución y la llegada de la crisis económica de los años ochenta —con su consiguiente impacto en el incremento exponencial del desempleo juvenil— no provocó, al menos aparentemente, una modificación sustancial de aquella primera perspectiva. Y ello ya que más allá de la lógica adaptación o eliminación de algunas de aquellas medidas al nuevo marco institucional y la pérdida de un tratamiento homogéneo y normativamente unitario para este grupo, lo cierto es que este colectivo de personas de mayor edad —difuminado eso sí, en muchas ocasiones en el más genérico de desempleados de larga duración, por sus propias características— siguió siendo considerado como uno de los objetivos prioritarios de las medidas económicas y de flexibilidad normativas que caracterizaron este periodo al amparo, por ejemplo, del art. 10 Ley 51/1980 o del art. 17.3 Ley 8/1980. Y ello, como decimos, aunque fuera de manera desordenada, cuando no casi aluvional o por mera decantación temporal.

Sin embargo, esta aparente continuidad no debe hacernos olvidar como en la dialéctica, aparentemente constante, entre los intereses de trabajadores jóvenes y de trabajadores maduros, es este el momento histórico en que asistimos a la proliferación de instrumentos destinados a potenciar el reparto del empleo mediante fórmulas de jubilación que no solo suponen trasladar el coste de muchos de estos procesos al Sistema de Protección Social, sino que, sobre todo en el caso de las jubilaciones forzosas, ejemplifican la supeditación del interés de este colectivo de personas maduras a la lucha, inicialmente contra el desempleo —especialmente juvenil—, y en un segundo momento incluso contra la precariedad y la falta de calidad en el empleo.

En cualquier caso, esta fase va a concluir, no sin resistencias, cuando desde principios de este siglo se vaya resaltando, poco a poco, como el problema del envejecimiento demográfico constituye uno de los riesgos más importantes y sistémicos a los que se enfrenta, no ya solo nuestro mercado de trabajo, sino también la entera sostenibilidad de nuestro Sistema de Protección Social. De hecho, esta nueva y cada vez más central preocupación hará que no solo las mencionadas fórmulas de reparto forzoso del empleo vayan desapareciendo, sino, y sobre todo, que el centro de atención vaya trasladándose poco a poco hacia la necesidad de articular instrumentos de todo tipo que permitan un envejecimiento activo en todos los ámbitos, y entre ellos en el empleo, aumentando la edad efectiva en la que se inicia definitivamente el retiro hacia la inactividad. Y ello, como decimos, ya sea retocando, en primer lugar, una jubilación inicialmente flexible y luego cada vez más claramente postergada, como, en segundo lugar, proponiendo una amplia batería de medidas multidisciplinares que permitieran y fomentaran la permanencia en activo de una población progresivamente envejecida.

Seguramente, y por simplificar, es esta la lógica en la que debe ya inscribirse la denominada Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más) aprobada por el anterior gobierno socialista en noviembre de 2011. Dicha Estrategia constituía ciertamente un ejemplo privilegiado de la progresiva utilización —no solo terminológica, sino también en cuanto a fórmulas de gestión— de instrumentos y de prácticas tomadas de la experiencia europea en el Derecho del Empleo español. Pero sobre todo, y por lo que aquí interesa, constituía también un claro ejemplo de la necesidad de una actuación multimensional y plural en este campo; una actuación que, fruto de la acción sinérgica de todos los agentes públicos y privados, tanto en su proceso de elaboración como de aplicación, ofreciera una batería de medidas que desde múltiples campos —de las políticas activas, de medidas laborales y de gestión de personas, de protección social y de lucha contra la discriminación entre otras— permitiera, como decimos no ya solo mejorar la situación de este colectivo sino, o incluso sobre todo, postergara su salida definitiva de la actividad fomentando así un envejecimiento activo que permitiera solventar el grave problema social que este envejecimiento representaba. Lo que en el fondo, obsérvese, supone colocar nuevamente un objetivo general —la reacción al envejecimiento— sobre el posible o posibles objetivos específicos de este colectivo, al que ahora se anima —o algo más— a mantener el máximo posible su propia actividad.

En cualquier caso, el principal problema de esta Estrategia es que el posterior cambio de mayoría parlamentaria, unido al carácter programático o abierto al estudio —y al consiguiente acuerdo, aprobación y aplicación— de muchas de las medidas contempladas en la misma hizo de aquél un documento en gran parte olvidado y relegado —baste observar la llamativa ausencia de menciones en posteriores Estrategias y Planes Anuales— ante las dos urgencias que seguramente han marcado la presente legislatura: el problema de los jóvenes, en especial de los NEET —al que se ha destinado buena parte de la atención desde la Estrategia para el Emprendimiento y el Empleo Joven hasta la implementación de la Garantía Juvenil— y, por otra parte, la necesidad de garantizar la estabilidad presupuestaria mediante la incorporación tanto de un nuevo índice de revalorización, como de un factor de sostenibilidad de las pensiones permanentemente reclamado desde la Unión Europea hasta su incorporación final por la Ley 23/2013, de 23 de diciembre.

Seguramente por todo ello no es descabellado afirmar que en estos últimos cuatro años el tratamiento específico de los problemas sociolaborales de este colectivo —como decimos de “geometría variable”— ha sido en buena parte relegado frente a la acuciante necesidad, por un lado, de abordar el desempleo juvenil y, por otra, de lograr la estabilidad presupuestaria y, en especial, la sostenibilidad de nuestro sistema contributivo de Seguridad Social. Buena parte de las reformas, sobre todo en relación con la jubilación durante estos años —por ejemplo el RDL 5/2013— pueden leerse, al menos a nuestro juicio, desde esta perspectiva. Sin embargo, este relativo olvido en esta fase de llamativa emergencia presupuestaria y social no impide que reconozcamos a esta cuestión como uno de los temas centrales, tanto en el futuro, como ya casi en nuestro presente, para la conservación de nuestra actual estructura económica y social; como un tema vital ante el nuevo contexto demográfico y como una cuestión extraordinariamente compleja no ya solo por el amplio número de intereses que confluyen en el mismo —colectivo problemático, necesidad de articular fórmulas que permitan un envejecimiento activo, exigencias de estabilidad presupuestaria— sino también por el carácter multidisciplinar de muchas de las medidas que deben ser abordadas y la amplitud y diversidad de la batería de instituciones, laborales, de empleo y de protección social que deben ser analizadas.

Por todo ello, el presente trabajo, enmarcado en el Proyecto DER 2012-36755, Mercado de trabajo, transiciones laborales y edad: jóvenes y mayores de 55 años, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, busca analizar todas estas cuestiones desde una perspectiva multidimensional. Y así, en un primer bloque hemos intentado analizar no solo la situación real de este colectivo desde una perspectiva económica y las singularidades de su desempleo con los trabajos de las Pra. Dra. Arévalo, Gómez, Ugarte y Sánchez, sino que, yendo un paso más allá, hemos intentado también delimitar el tratamiento internacional y comunitario que se otorga a este colectivo y las experiencias de otros países como Portugal, Italia o Francia mediante las valiosas aportaciones de las Pra. Dra. Quintero, Coelho y Tullini.

Tras ello, y en un segundo bloque, hemos pasado a analizar el tratamiento que a este colectivo se da desde una perspectiva de políticas de empleo, indagando en el contenido de la Estrategia 55+, en el papel —a nuestro juicio vital— de la formación y del fomento fiscal. Y todo ello desde una perspectiva, como decimos, claramente multisdisciplinar que mezcla aportaciones de jóvenes laboralistas —la Pra. Dra. Pérez Guerrero— con expertos fiscalistas —el Pr. Dr. Fernández Amor— o estudiosos de las Ciencias de la educación como la Pra. Dra. Gómez Torres.

Por su parte, el tercer bloque temático de este estudio analiza la problemática de la relación laboral con este colectivo y los aspectos preventivos y de régimen de extinción que mayor impacto tienen en este campo. De ahí que tras un ensayo inicial del Pr. Dr. Valverde Asensio sobre las modalidades contractuales y los incentivos a la conservación de estas relaciones laborales, se indague en los aspectos preventivos, esenciales en este ámbito —con el trabajo de la Pra. Dra. Feria Basilio— y en los aspectos extintivos tanto objetivos —elaborado con su tradicional profundidad por el Pr. Dr. Gorelli Hernández— como colectivos —Pr. Dr. Rodríguez-Piñero Royo—, unidos a la sempiterna cuestión de la jubilación forzosa cuyo estudio sistemático e histórico ha correspondido al Pr. Dr. Martínez-Machuca Gijón.

Finalmente la obra se cierra con algunos estudios sobre la regulación de aquellas instituciones conectadas con el retiro y la salida a la inactividad a cargo de la Pra. Dra. López Cumbres que aborda con su tradicional brillantez el tratamiento de las denominadas prejubilaciones; del Pr. Dr. Álvarez Cortés que analiza en segundo lugar el cuestionado papel en este ámbito de las jubilaciones anticipadas; del Pr. Dr. Calvo Gallego que aborda con profundidad la compleja regulación de la jubilación parcial, con llamativas propuestas para su activación, así como, finalmente, de la Pr. Gala Durán que estudia con su conocida exhaustividad la compatibilidad de la incapacidad permanente y la jubilación con la actividad productiva.

La obra concluye con un aspecto a veces olvidado pero que en nuestra opinión resulta fundamental como es la evaluación de género de estas políticas públicas con un valioso trabajo de la Pra. Dra. Molina Martín.

Envejecimiento de la población y situación sociolaboral de las personas de edad avanzada

Dolores Gómez Domínguez

Profesora Titular de Escuela Universitaria

Universidad de Sevilla

María Teresa Arévalo Quijada

Catedrática de Universidad

Universidad de Sevilla

1. INTRODUCCIÓN

La crisis económica ha generado un importante crecimiento del desempleo en los últimos años. Sin embargo, no todos los sectores ni colectivos están siendo afectados de la misma forma por la coyuntura actual. Así, según datos obtenidos de Labour Force Survey (LFS) de Eurostat, en España, en el último trimestre de 2014, el 33,21% de los desempleados son mayores de 45 años1. Este grupo de la población activa presenta, en el mismo periodo, una tasa de desempleo del 20,13%.

El peso de este grupo de población sobre la población total está creciendo tanto en la Unión Europea (UE) como en España. A mediados de la década de los 90 del pasado siglo se toma conciencia de este cambio demográfico severo y de la necesidad de aumentar la actividad laboral en este grupo de población y, así, evitar su expulsión del mercado laboral. En la Cumbre de Estocolmo, en marzo de 2001, se propone elevar las tasas de empleo de la población de mayor edad por encima del 50%. Poco a poco se van abriendo paso las políticas de envejecimiento activo, en 2010, la UE pone en marcha la Estrategia 2020, en medio de la crisis económica, en ésta, se establece para la población de 20 a 64 años un objetivo de empleo de 75%, debiendo basarse el mismo en un mayor empleo de las mujeres y de los mayores.

En este contexto, las políticas de apoyo a la creación de empleo deben ser una prioridad social generalizada. La creación de empleo depende de múltiples variables interrelacionadas: desde las características de la estructura productiva, los niveles de cualificación de las personas en edad de trabajar, o la inversión productiva, hasta las políticas adoptadas en múltiples ámbitos (macroeconómicas, industriales, de I+D+i, sociales, educativas, entre otras).

Estas políticas serían muy oportunas puesto que el porcentaje de población que representan las cohortes nacidas en los cincuenta y en los sesenta está aumentando progresivamente produciendo un cambio demográfico en España y en la UE, con graves consecuencias sociales, económicas, presupuestarias y políticas.

Se pueden observar dos tendencias. En primer lugar, la población en edad laboral (15-64 años de edad) se irá reduciendo entre 2006 y 2030, según se vayan jubilando las cohortes del baby boom, hecho que tiene una repercusión enorme en el futuro de los empleos y en el crecimiento, tanto de España como de la UE, así como en la sostenibilidad de la protección social y de los sistemas sanitarios, que se enfrentan a un desfase cada vez mayor entre los gastos necesarios y los ingresos obtenidos mediante los impuestos y las contribuciones. En segundo lugar, el número de ancianos está aumentando rápidamente lo cual influirá profundamente en los servicios sanitarios y de asistencia.

La delimitación de medidas y prioridades para facilitar la inserción laboral debe basarse en un consenso social, recordando que, además de a los jóvenes2, las dificultades de mantenimiento en el empleo y, sobre todo, de reinserción laboral, afectan también con especial intensidad en España a las personas de mayor edad. O, mejor dicho, a un grupo de personas de mayor edad en las que concurren, como se irá viendo, varias circunstancias y rasgos —además de la edad— que las hacen especialmente vulnerables.

A efectos de este planteamiento se ha centrado el análisis en las personas de 45 a 64 años porque ofrece una perspectiva más amplia de las situaciones laborales, frente a otros estudios que lo restringen a las personas de 50 ó 55 a 64 años.

Se trata de un grupo muy importante, tanto en la estructura sociodemográfica española (a finales de 2014 representa el 27,03% de la población) como, más específicamente, en el mercado de trabajo, donde participa relativamente menos, como muestra una tasa de actividad todavía inferior a la de las personas entre 15 y 64 años, y donde, aunque su volumen de ocupación ha aumentado frente al descenso en los otros tramos de edad, ha visto multiplicar por 4,79 veces su número de desempleados en la crisis, con una incidencia mucho mayor del paro de larga y muy larga duración: el 33,21% de las personas en paro a finales de 2014 tenía entre 45 y 64 años de edad, pero si se atiende a quienes llevan dos y más años en paro, entre los que tiene 50 a 64 años este dato se eleva a una cifra algo por encima del 50%.

Es precisamente éste el problema de los “mayores”, es el grupo poblacional al que le resulta más difícil encontrar empleo una vez que lo han perdido.

En primer lugar, en el apartado 2, el estudio hace una caracterización del colectivo en cuanto a edad, género, nivel educativo..., y posteriormente, en el apartado 3 se analizan su situación laboral, fundamentalmente en relación a la actividad, el empleo y el paro.