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Uribe Castro, Hernando

Ciudad desbordada: asentamientos informales en Santiago de Cali, Colombia / Hernando Uribe Castro, Germán Ayala Osorio, Carmen Jimena Holguín.-- Primera edición.-- Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2017. 449 páginas, ilustraciones.

Contiene referencias bibliográficas.

ISBN: 978-958-8994-44-4-

1. Asentamientos urbanos. 2. Migración interna – Cali. 3. Urbanismo - Cali. 4. Ecología humana. 5. I. Ayala Osorio, Germán. II. Holguín, Carmen Jimena. III. Universidad Autónoma de Occidente.

307.336- dc23

Personeria juridica, Res. No. 0618, de la Gobernacion del Valle del Cauca, del 20 de febrero de 1970. Universidad Autonoma de Occidente, Res. No. 2766, del Ministerio de Educacion Nacional, del 13 de noviembre de 2003. Acreditacion Institucional de Alta Calidad, Res. No. 16740, del 24 de agosto de 2017, con vigencia hasta el 2021. Vigilada MinEducacion.

CONTENIDO

1. El caso particular de Santiago de Cali: estructuras urbanas, desarrollo y suelo urbano

1.3 Del plan piloto de Cali al proyecto Aguablanca. Transición de suelo rural a suelo urbano

1.4 Los procesos sociales y las formas espaciales urbanas en la segunda mitad del siglo XX

1.5 Los procesos sociales y las formas espaciales urbanas en el proceso neoliberalizador

Parte II: Estudios de caso de asentamientos informales en el jarillon del rio Cauca

3.3 Formas de organización: Comité Comunitario, Junta de Acción Comunal y fundación

5.3 Redistribución y reconocimiento en los asentamientos: la búsqueda de justicia

COMENTARIOS DE LOS AUTORES AL LIBRO “CIUDAD DESBORDADA”

Ya han pasado seis años desde que se culminó la investigación titulada Asentamientos ilegales como luchas sociales en el marco de la ciudad capitalista colombiana 1980-2011, financiada por la Universidad Autónoma de Occidente al equipo de trabajo del Grupo de Investigación en Conflictos y Organizaciones de la Facultad de Humanidades, la cual condujo a la publicación del libro que usted procede a leer.

En estos seis años el fenómeno del poblamiento del jarillón (o dique del río Cauca) se tornó aún más complejo. Sucedieron nuevos eventos sociales y ambientales que hacen de este caso un fenómeno interesante por la complejidad que lo rodea. No solo por la pasividad de las instituciones del Estado en dar solución al poblamiento, sino y sobre todo, porque el número de comunidades a lo largo de los 17 kilómetros del dique continúa creciendo.

Muy a pesar de las políticas de desalojo, a veces agresivas por parte de la Fuerza Pública, contra las comunidades, tal como acontecieron el mayo de 2015 en el sector Las Vegas y Venecia, el jarillón continúa con un número importante de asentamientos informales. Comunidades que poco a poco se han ido fortaleciendo en organizaciones y demandantes de derechos, de protección y exigentes de soluciones dignas por parte del Estado.

A inicios del 2017, la Contraloría General de la Nación puso el dedo en la llaga en este caso al demostrar cómo prácticas de corrupción, de pasividad y de negligencia han impedido llevar a cabo una solución integral, rápida y eficaz a este fenómeno de poblamiento informal. Según lo informó El País, medio local de la ciudad de Cali:

Los retrasos y las dificultades en las obras del megaproyecto Jarillón de Cali, que se pusieron de presente con el reciente desbordamiento del río Cauca a la altura del puente de Juanchito, fueron cuestionados por la Contraloría General de la Nación según un reciente informe.

De acuerdo con el Informe de Especial Seguimiento realizado a octubre de 2016 por el organismo de control, el manejo presupuestal que se le ha dado al proyecto está incrementando el riesgo de generar sobrecostos.

“Las cifras y porcentajes que muestra el Fondo Adaptación pueden interpretarse como caóticas y requieren en detalle una explicación amplia por parte de los entes ejecutores y contratistas encargados de sus avances, de acuerdo con las metas programadas”, dice el documento.

Agrega, señalando que es más preocupante, que “a la fecha, cinco años después de ocurrida la tragedia derivada de la ola invernal, no hay una respuesta para la población afectada, como tampoco una solución ni provisional ni definitiva para la población vulnerable, adicional al incremento que se ha generado por el asentamiento poblacional en la zona de riesgo”.

En diciembre pasado la Contraloría ya había advertido que “el riesgo de inundación por los múltiples problemas que afectan este sector es inminente, sumado a los riesgos no mitigables relacionados con la población que ilegalmente se ha ubicado en la zona y que se calcula en 7852 familias, las cuales necesitan ser reubicadas de manera prioritaria para evitar una tragedia”.

El Informe de Especial Seguimiento al Megaproyecto Jarillón de Cali y sus componentes arrojó otra preocupante conclusión: “Los porcentajes de avances por cada componente, desde 2012 hasta 2016 no son coherentes con los porcentajes de avances de los contratos celebrados, reflejándose cifras engañosas, por cuanto se puede interpretar que se hacen necesarias nuevas contrataciones para terminar las obras que se requieren para culminar la totalidad del Megaproyecto”.

La Contraloría encontró esas incoherencias en las cifras y porcentajes mostrados: “Resulta incomprensible el estado de contratos como “terminados” y que al mismo tiempo aparezcan en ejecución con porcentajes de avances irrisorios”.

Dice la entidad que también se encontró otro contraste: “Se observa rezago y retraso en los contratos cuyos objetos impactan directamente en el avance del proyecto, en tanto que los contratos relacionados con prestaciones de servicios y consultorías al parecer se desarrollan en términos razonables” (El País, 2017).

Los autores a través de distintos medios (columnas de opinión, artículos de reflexión e investigación) vienen señalando como problemática la constante expansión de la ciudad de Cali, que desborda continuamente el perímetro urbano reconocido oficialmente. Este proceso expansivo, a veces incesante y descontrolado, se lleva a cabo sobre áreas inapropiadas para la urbanización. Las administraciones municipales de los últimos 25 años se han comprometido con atender este fenómeno, pero ninguna de ellas ha logrado darle una solución estructural.

La más reciente propuesta liderada durante el periodo de gobierno local 2012-2015 frente al jarillón del río Cauca, no cumplió con su meta. Y no lo logró porque la propuesta fue formulada, desde el escritorio, por tecnócratas que de tiempo atrás desoyen las demandas y las propuestas de las comunidades allí asentadas. Este hecho, al parecer, ha sido la constante de todas las administraciones de Cali para atender el fenómeno de poblamiento no solo del jarillón, sino de otros espacios que también presentan fenómenos similares como las lagunas de El Pondaje y Charco Azul, así como el sector de las laderas de Cali, que, ante torrenciales lluvias, evidencian la vulnerabilidad de las viviendas.

Los autores hemos sido insistentes en que la solución integral al fenómeno del jarillón debe superar la visión tecnocrática de los funcionarios que creen que ofreciendo casas subsidiadas (nunca gratis, de 28 metros cuadrados) van a solucionar esta situación. ´Urbanizar´ los hogares campesinos que han sido víctimas del modelo de desarrollo, del desplazamiento por razones del conflicto armado, megaproyectos o bandas criminales, entregándoles casas de 28 m², como aconteció con la urbanización Potrero Grande, no es la solución. Así como tampoco el uso de la fuerza pública y el maltrato a los habitantes de estos sectores como aconteció, precisamente, en el sector Las Vegas y Venecia en febrero y junio de 2015.

La Alcaldía de Cali en el 2005 había identificado en el jarillón del río Cauca 10 asentamientos informales, con 5.925 viviendas y con una población de 35.778 (promedio de personas por vivienda: 6)¹, hoy en día, 10 años después, el Informe Seguimiento al Plan Jarillón de Cali PJC, de la Procuraduría General de la Nación y de la Personería Municipal de Santiago de Cali, señala que existen 26 asentamientos informales con aproximadamente 8.777 viviendas. Es decir, hay más del doble de asentamientos y un 48% más de viviendas, que de mantenerse el promedio de 6 personas por hogar, el número de habitantes se aproximaría a 52.662 habitantes. En 10 años han llegado, por lo menos 16.884 nuevos habitantes, es decir, 2.814 hogares.

Esta simple operación matemática nos pone a pensar que contrario a lo esperado, el fenómeno de expansión se complejiza porque faltan soluciones estructurales de parte del Estado local. Y sobre todo, porque las pocas acciones de reasentamientos, como por ejemplo el caso de la urbanización Potrero Grande, han sido infructuosas como solución de parte del Estado, y lo que han producido ha sido más problemáticas sociales, principalmente porque no se ha involucrado la participación de la comunidad.

Se requieren de soluciones creativas, inteligentes y participativas que den respuesta a las necesidades de los habitantes, que se respete, por un lado, la vida y la dignidad de los hogares asentados en el jarillón (se trata de familias revictimizadas por la sociedad), y por otro lado, que se logre la seguridad ambiental de la ciudad. En estos casos, son importantes los diálogos directos entre el señor Alcalde y las comunidades y la participación de la Academia y demás actores de la sociedad civil, sensibles a la problemática.

Ahora, la administración de turno ha dicho que en el 2019 logrará la superación total de este conflicto territorial y ambiental que vive la ciudad de Cali. Habrá que esperar qué sucede, pues las prácticas clientelistas, la corrupción y la pasividad han sido las características centrales en el manejo de este fenómeno, a lo largo del tiempo.

INTRODUCCIÓN

Los asentamientos subnormales-informales hacen parte de la reproducción de la ciudad informal que en Colombia se empieza a configurar entre las décadas de los años sesenta y ochenta del siglo XX. Diversas fuentes gubernamentales señalan que este es un problema que obedece a las intenciones de unos pobladores que, necesitados, deciden invadir terrenos.

Desde la perspectiva de los autores/investigadores, esta explicación resulta insatisfactoria. Consideramos que el fenómeno es la expresión de la combinación de tres fuerzas relacionadas: (I) las contradicciones de las fuerzas del Mercado (II) las contradicciones de las fuerzas del Estado encargadas de la configuración de la ciudad, hoy utilizadas como medio a través del cual se puede acceder a la reproducción de excedentes de capital; y por otro lado, (III) las luchas sociales urbanas lideradas por grupos y comunidades que, como fuerzas sociales, pretenden acceder a beneficios tales como propiedad sobre la tierra, la posesión de vivienda y el acceso a servicios básicos de los que han sido marginados y excluidos, o que, por sus condiciones de precariedad, no pueden acceder a ellos a través de medios legales-institucionales. Estas luchas y reivindicaciones las hacen a un Estado que deviene débil y precario.

Las comunidades, hoy en día más organizadas y con mayor experiencia, exigen del Estado respuestas que les beneficie, así como soluciones a sus problemas de exclusión y marginación, por lo que buscan y llevan a cabo mecanismos a través de los cuales pretenden demandar protección y cumplimiento de derechos consagrados constitucionalmente. La respuesta del Estado a veces se realiza mediante la represión y el uso de la fuerza policial y pocas veces se entra en procesos de diálogo y negociación.

No obstante esta situación, las ciudades sufren procesos de polarización y segregación de su población entre las áreas donde se reproducen los excedentes de capital, construidas especialmente para turistas y élites económicas, y la otra ciudad, la de la gente marginada y excluida de estos procesos de distribución tanto de la tierra urbana como de la riqueza. Ciudades que son la expresión de la crisis ambiental de un modelo de desarrollo que resulta insustentable.

Las respuestas que demandan las comunidades y las emanadas por el Estado, deben comprenderse en el marco de políticas públicas, más que como respuestas coyunturales -como históricamente se han presentado-. Estas deben ser concebidas como respuestas de tipo estructural, que implican un cambio en la concepción de un período de gobierno, para ser insertas en la agenda pública, como parte de políticas públicas de Estado.

El origen, la consolidación y la actual existencia de los asentamientos informales se explican no solo por sus dinámicas internas de desarrollo y de lucha para ser reconocidos oficialmente. También se da por la incapacidad, debilidad y precariedad de las instituciones del Estado colombiano para planificar y regular el mercado y el uso del suelo urbano:

Estos hechos pueden explicar por qué en Cali los grupos de poder utilizaron la institucionalidad del Estado hacia mediados del siglo XX para que una gran proporción de áreas rurales, a través de la ejecución de obras de infraestructura como canales recolectores de aguas, plantas de tratamiento, jarillones y expansión del sistema de acueducto y alcantarillado sobre zonas ejidales y/o de propiedad privada, se integraran como áreas urbanas y, en consecuencia, al mercado del suelo por metro cuadrado, hecho que favoreció transacciones legales tanto ilegales, legítimas como ilegítimas.

No obstante, en aquellos espacios donde existió escaso control del Estado y de los grupos de poder que dominaban este mercado, se formaron zonas dispuestas para el surgimiento de los asentamientos informales, como por ejemplo en las áreas adyacentes al perímetro urbano tanto al oriente de la ciudad -jarillón del río Cauca- como en las zonas de ladera, al occidente. Algunos de estos asentamientos fueron resultado de esa incapacidad, debilidad y precariedad del Estado nacional.

Sobre el anterior fenómeno versa el contenido de este libro, el cual se encuentra estructurado en tres partes: la primera titulada "El Contexto Histórico y Geográfico del Poblamiento en Cali", se compone de los capítulos 1 y 2 que muestran por un lado las particularidades del proceso de desarrollo urbano en Santiago de Cali y por otro, la producción de la segregación socioespacial. La segunda parte denominada "Estudios de Caso de Asentamientos Informales en el Jarillón del Río Cauca, se compone de los capítulos 3 (Los Samanes del Cauca) y 4 (Corregimiento de Navarro). La tercera parte intitulada "Estado Ciudad y Asentamientos Informales", incluye el capítulos 5 que aborda lo relativo a la debilidad del Estado y el 6 que discute las relaciones legal-ilegal, urbano-rural. En la última parte del texto se incluye la discusión del fenómeno y las conclusiones acompañado de un apéndice teórico en el que se presenta una reflexión sobre la relación "Ciudad, Estado y Capitalismo".

Sin duda alguna, toda investigación social, por el hecho de enfrentar públicos y comunidades, produce un conjunto de posibilidades y restricciones que inciden no solo en el desarrollo de la investigación, sino también en sus resultados y hallazgos.

Entre los elementos que estuvieron del lado de las posibilidades de la investigación, señalamos la apertura de las comunidades a lo largo de todo el proceso, dado que se mantuvieron atentas y dispuestas a ofrecer todos los elementos necesarios para el estudio: entrega de documentos, entrevistas, participación en talleres, disposición en las cartografías sociales, revisión de documentos y vía libre a sus archivos comunitarios y personales.

Entre las restricciones, el problema estuvo más bien por el lado de autoridades que poco se prestaron a dar apertura a la información. El desorden en los archivos, la reticencia a asumir responsabilidad, así fuera de administraciones pasadas, como institucionalidad pública es la que debe encarar las consecuencias de decisiones ineficaces y el clientelismo que reina aún en muchas instituciones públicas.

Este libro se enmarca como resultado del proceso de investigación llevado a cabo por el grupo de investigación Conflictos y Organizaciones de la Facultad de Humanidades, entre el 2012 y 2013, financiado por la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente.

Los autores/investigadores consideran que este estudio debería de tener incidencia en el diseño de políticas públicas, lo que implica que el Estado local y en particular la Administración local, escuchen estos planteamientos y traten de hacer uso de ellos en términos de elaborar políticas públicas, así como en generar acercamientos con la comunidad para dar solución estructural a este fenómeno.

En este sentido, el papel de la Universidad, a través de sus grupos de investigación y de sus investigaciones, aporta elementos concretos y verificables para que quienes tomen decisiones tengan mayores elementos de análisis y discusión. Las comunidades se benefician en la medida en que este estudio les permitió, de algún modo, cierto grado de reconocimiento de su historia, de recuperación de sus voces y de materializar sus ideas y recuerdos en letra escrita.

Las Ciencias Sociales, en general, se ven beneficiadas en términos del aporte que se hace de un campo de conocimiento que siempre será atractivo, precisamente por la complejidad que reviste en el contexto de la sociedad contemporánea colombiana. El tema de ciudad, de lo urbano y de los procesos de poblamiento, serán parte del paisaje urbano e impulso de la creatividad del científico social.

Los autores agradecen a la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico por el apoyo incondicional brindado al grupo de investigación responsable de este trabajo; agradecemos también a Paola Pacheco, Leonardo Franco y Juan Camilo Palomar.

De manera especial, agradecemos a las comunidades de Los Samanes del Cauca y Navarro, cuyos pobladores siempre estuvieron prestos a resolver inquietudes y a la entrega de información de primera mano, que permitió conocer la historia de los asentamientos. A cada uno de sus líderes, Yoides Gómez y todo su equipo de trabajo comunitario en Los Samanes del Cauca y Luis Santacruz en Navarro, quienes se convirtieron en nuestra puerta de entrada no solo para ser aceptados, sino también escuchados con nuestros propósitos e intereses investigativos.

PARTE I: EL CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO DEL POBLAMIENTO EN CALI

1. EL CASO PARTICULAR DE SANTIAGO DE CALI: ESTRUCTURAS URBANAS, DESARROLLO Y SUELO URBANO

1.1 LA CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

Comprender la relación entre los procesos sociales y las formas espaciales es y ha sido uno de los grandes problemas en las Ciencias Sociales, que pueden abordarse desde tres perspectivas: (I) desde un determinismo espacial que estaría tentado a plantear que las formas espaciales condicionan la realidad de los hechos sociales y la vida cotidiana de los individuos, las organizaciones y las instituciones; (II) desde un constructivismo social que asumiría que los procesos sociales construyen las formas espaciales; (III) o bien desde un punto intermedio según el cual existe una interacción entre unos y otros. Esta perspectiva es analizada por David Harvey (1977) cuando plantea que:

Una estrategia adecuada para lograr la conjunción entre la forma espacial y el proceso social sería de tipo iterativo o repetitivo, en la cual iríamos de la manipulación de la forma espacial (manteniendo constantes los procesos sociales) hacia las implicaciones del proceso social (manteniendo constante la nueva forma espacial). Podemos movernos en cualquiera de estas dos direcciones, y no hay ninguna razón por la cual no pudiéramos manipular tanto la forma espacial como el proceso social en diferentes etapas de una secuencia iterativa (Harvey, 1977, p. 43-44).

En el marco de los postulados de la sociedad capitalista, las lógicas de poder, las estrategias del mercado y la dinámica de la economía han reconfigurado los espacios nacionales, tanto por la aglomeración de la población en ciudades, como por el desarrollo de diversas actividades que han transformado los territorios vía al aprovechamiento de las ventajas que estos ofrecían. No obstante, es importante resaltar que dicha transformación no sucedió de la misma forma en todos los espacios del planeta. Algunos elementos que contenían los espacios como recursos, localización y ventajas comparativas de clima, altura y posición geoestratégica, llevaron a que estos lugares se reprodujeran más rápidamente por fuerzas del mercado en el modo capitalista.

Como se observa, la relación entre las formas espaciales y los procesos sociales son más complejos de lo que parece. En el caso que nos ocupa, se asumió que en el espacio geográfico construido se pueden apreciar los procesos sociales que históricamente han dado paso a las formas espaciales y que van a incidir en los nuevos procesos sociales que de ahí surjan. Precisamente, en esta línea de análisis, David Harvey invita a los investigadores a tratar de encontrar dos tipos de imaginación: la sociológica y la geográfica. Ambas tienen un poder significativo en la medida en que logran, articuladas, integrar los procesos sociales y las formas espaciales a partir de los dispositivos adecuados -ejemplo de ello es lograr comprender que los fenómenos sociales son hechos históricos en el tiempo y en el espacio-, y que las estructuras sociales pueden construir y dar forma a los espacios, en la medida en que estos a su vez inciden en la sociedad. Harvey lo expresa de modo claro cuando afirma que “si queremos entender el espacio, debemos tener en cuenta su significado simbólico y sus complejas influencias sobre el comportamiento en tanto que este está mediado por los procesos cognoscitivos” (1977, p. 71). Esto significa que “sin un entendimiento adecuado de los procesos sociales en toda su complejidad, no podemos aspirar a entender el espacio social en todo su significado” (Harvey, 1977, p. 31). Este planteamiento es muy importante dado que los escenarios de la vida cotidiana del presente no solo ya fueron determinados desde el pasado por diferentes fuerzas, sino que además estas formas inciden en el modo de vivir, de enfrentar, de experimentar la vida cotidiana y de entender el mundo.

Santiago de Cali es un ejemplo de ciudad capitalista colombiana; en ella es posible apreciar la confluencia de diversas dinámicas que permiten la configuración de variadas estructuras que se han construido a lo largo de su historia. Cada estructura urbana es resultado de momentos históricos precisos que influyeron en la vida social cotidiana de los habitantes que la asumieron, la vivieron, ayudaron a producirla y ponerla en movimiento. Así, el proceso se caracteriza por la integración de por lo menos cuatro formas que se fueron instalando y mezclando a lo largo de su desarrollo y que resultan de procesos sociales que se expresaron en su espacio físico y que quedaron como huellas en el paisaje urbano. El resultado se ve hoy a simple vista: una Cali como una “colcha de retazos”, fruto o consecuencia de las distintas formas de planeación, construcción, apropiación y ocupación del espacio, así como de los diferentes momentos históricos y de las acciones, movimientos y usos que le proporcionan sus pobladores, que también son diversos en muchos aspectos: obsérvense los elementos que caracterizan la morfología urbana de la capital del Valle del Cauca:

Con esta “colcha de retazos” las ciudades suelen arropar las nuevas tendencias de cambio y ajustes resultantes de dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas, pero también sirven para ocultar o cubrir los problemas, vacíos de poder y los ciudadanos disonantes que surgen de esas estructuras urbanas mutantes. El proceso se ha caracterizado durante todo este tiempo por un hecho central: frente a la configuración territorial de una estructura urbana legal, es decir, una estructura urbana resultante de procesos de planeación desde el Estado*, desde los intereses de particulares, se ha instalado también otra estructura urbana que puede estar entre lo semilegal, ilegal, informal y opaca. Así, se tiene una estructura tradicional urbana (construida desde el periodo colonial y republicano) existente, sobre la que se impone otra estructura urbana resultante de decisiones políticas que pretenden modernizar la ciudad y una estructura urbana adicional, ilegal e ilegítima -que también puede ser semilegal- (ver Figura 1).

Figura 1. Estructuras urbanas en Cali

Fuente: elaborada por los autores.

Cali, como ciudad colombiana, expresa entonces todos estos rasgos que se combinan en el paisaje urbano actual: desde los elementos coloniales y republicanos que caracterizaron la ciudad del pasado, con formas de procesos de urbanización neoliberal del presente. Una ciudad que en este proceso de producción y desarrollo segregó la población y las actividades en dos espacios claramente definidos: (I) el occidente, sobre el pie de la cordillera hasta el ferrocarril, y (II) el oriente, entre el ferrocarril y el río Cauca, desde el norte hasta el sur. Una segregación socioespacial que va a marcar una forma diferencial en términos de densidad poblacional, equipamiento urbano, caracterización étnico-racial, capacidad adquisitiva y salarial, niveles de educación y características de la violencia, criminalidad y delincuencia para cada uno de los lados. El surgimiento e implementación de una estructura determinada no desaparece la existente, por lo que cada estructura entra a instalarse en el paisaje urbano modificando algunas cosas, pero otras no. La arqueología urbana demuestra esto de manera particular en los estudios sobre el centro histórico. Algunos otros elementos se encuentran depositados en los mapas o planos históricos realizados por especialistas en el tema.

1.2 EL LEGADO COLONIAL Y REPUBLICANO: LATIFUNDIO Y HACIENDA

El proceso de configuración territorial regional en épocas del pasado estuvo basado en el sistema de hacienda que fue importante en el siglo XVI al XIX. El sistema de hacienda había resultado de la fragmentación de los latifundios que eran tierras dadas por la Corona a los conquistadores como premio por su labor². Con el paso del tiempo, el crecimiento de las familias, los matrimonios y las herencias hizo de los latifundios fragmentos de tierra que se convirtieron en haciendas ganaderas o haciendas de trapiche (que incorporaban mano de obra esclava), algunas de ellas de gran tamaño. Estas haciendas podían seguir dividiéndose para formar otras haciendas más pequeñas, sobre todo cuando en el siglo XIX se presentan las políticas abolicionistas, las guerras civiles y la transformación de las actividades económicas por inyección de capitales en las zonas rurales hacia finales del siglo. Al llegar al siglo XX algunas zonas periféricas de Cali poseían relictos de haciendas, pero, con el avance del proceso urbanizador, se transformaron en espacios fragmentados o barrios, debido a la resignificación del valor del suelo* por metro cuadrado, dando como resultado otra forma urbana particular.

Este proceso fue acompañado por transformaciones estructurales en el cambio de la actividad productiva de la región (industria y agroindustria y más recientemente tercerización de la economía y la incursión en el mercado global). En el siglo XX, los beneficios logrados por las captaciones de excedentes de las economías campesinas del Valle fueron invertidos en las zonas planas, como por ejemplo en la construcción de ingenios azucareros por parte de la familia Éder (Valdivia, 1992).

Si bien el sistema de hacienda se mantenía aún en los primeros años del siglo XX, Jacques Aprile-Gniset (1992) demostró que en este territorio se venía desplegando una problemática con respecto al tema de las tierras ejidales que fueron usurpadas por terratenientes en el siglo XIX y que con la entrada del siglo XX se fue tornando más confusa y compleja. Este autor menciona que desde 1850 el Personero exigía a los hacendados usurpadores devolver las tierras ilegítimamente tituladas, petición que algunas familias aceptaron y otras no, como la familia Borrero. Se expedirán leyes que benefician a los usurpadores en detrimento de las tierras ejidales como la Ley 50 de 1894, la Ley 4ª de 1913 y el Acuerdo No. 21 de 1915.

Para Aprile-Gniset, “lo cierto es que el arranque económico que se registra en la ciudad entre 1915 y 1930 muestra durante este periodo una coincidente ofensiva contra los ejidos y el fortalecimiento del latifundio urbano y suburbano” (1992, p. 656). Desarrollo económico impulsado por la importante focalización que se presentó por parte de inversionistas extranjeros que por diferentes motivos terminaron viviendo en Cali y estableciendo sus negocios: “Mientras tanto se había acentuado la nueva conquista, pero con otro tipo de actores; se radicaban en Cali extranjeros con capitales empresarios y negociantes importadores, ingenieros” (Aprile-Gniset, 1992, p. 659). No obstante, el sistema de hacienda se va a prolongar hasta mediados del siglo XX cuando aún en los estudios realizados sobre los suelos del valle geográfico del río Cauca, aparecen referenciadas en varios estudios y documentos. Uno de esos estudios será el realizado por el grupo Olarte Ospina, Arias & Payán, Ltda. (OLAP) en 1951, donde se expresa que:

La faja plana al oeste del cauce viejo del Cauca (Aguablanca) es ocupada por grandes haciendas de ganado, algunas de las cuales se extienden desde la carretera Cali-Jamundí hasta el mismo río Cauca. En la faja a lo largo del río hay fincas de pequeña y regular extensión, ocupadas por los propietarios, por los empleados o por los mismos colonos. Las áreas cultivadas son reducidas y generalmente se limitan a las zonas altas de los barrancos de Cauca y Cauquita. En la región al sur de Cauquita hay un área grande perteneciente a los ejidos del municipio de Cali. Estos terrenos se encuentran casi todos en litigio entre los ocupantes y el municipio, y hasta la fecha no se ha fallado sobre su adjudicación definitiva (OLAP, 1951, p. 21).

Esta propuesta se enmarca en la Ley 88 de 1947 que obligaba a los municipios a levantar los planos regulares de sus territorios.

1.3 DEL PLAN PILOTO DE CALI AL PROYECTO AGUABLANCA. TRANSICIÓN DE SUELO RURAL A SUELO URBANO

Poco se abordan los aspectos normativos en la configuración urbana de Cali durante la primera mitad del siglo XX y los elementos que van a ser importantes para los desarrollos en años posteriores. Fue Espinosa (2006) quien trató de recopilar en su estudio Plan Piloto de Cali 1950. Del Modelo de Ciudad Moderna a la Ciudad Real, los proyectos de urbanismo para esta ciudad.

Según Espinosa, una de las primeras menciones sobre planeamiento de la ciudad en el siglo XX se puede encontrar en el Acuerdo No. 30 de 1927 del Cabildo municipal donde “se dispone lo conveniente sobre el levantamiento del plano de Cali Futuro”, pero solo será hasta 1940 cuando se propone un plan de desarrollo de ciudad, ante el proceso de crecimiento y ampliación del perímetro urbano. Estas intenciones se plasmarán en el Acuerdo No. 35 de 1940 que ordena levantar el “plano futuro” de la ciudad. Sin embargo, fue con el Acuerdo No. 1 de 1944 donde se contrata a Karl Brunner y se compromete a ejecutar 12 estudios (ingeniería de vías y sanitaria, red de alcantarillado, planimetría, topografía, urbanismo, plano regulador y de ensanche, reglamentación de construcciones y urbanizaciones) en 2.000 ha de la ciudad y entregarlos para el 30 de abril de 1946, aunque se hizo una prórroga y se entregó un año después. El costo del contrato fue de 158 mil pesos (unas 64 ha de suelo en el centro de Cali). Pero esta propuesta, a pesar de sus aportes, no tiene acogida y es archivada³.

Será con la Ley 88 de 1947 que se autorizan las gestiones conducentes a la contratación de especialistas extranjeros para elaborar planes reguladores. Fue entonces cuando el arquitecto Alfonso Caycedo Herrera, Concejal de Cali y decano de la recién creada Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle, es invitado a una reunión con Le Corbusier que estaba trabajando en el Plan Piloto de Bogotá con la colaboración de la firma Town Planning Associates (TPA), liderada por Josep Luis Sert y Paul Lester Wiener. Caycedo decide proponer a su regreso a Cali, el nombre de esta firma al Concejo Municipal de la ciudad para la elaboración del plan que exigía la Ley 88 de 1947. La firma TPA se contrata el 23 de marzo de 1949 bajo el Acuerdo No. 99 de 1949; la entrega del Plan por parte de esta firma se dará hasta septiembre de 1950. Según palabras del propio Caycedo:

La propuesta fue rápidamente aceptada en el cabildo, no obstante el poco tiempo que había transcurrido desde la entrega del plan de ensanche para la ciudad, elaborado por Brunner. Lo que sucedía, según recuerda el arquitecto Caycedo Herrera, era que, [en Cali] había como un descontento con los planos de Brunner, como una frustración. Y también como un deseo de algo nuevo, pues había un cierto desarrollo de la ciudad y lo de Brunner estaba como pasado de moda (como se citó en Espinosa, 2006, p. 225).

El modelo de ciudad del Plan Piloto se encontraba bastante influenciado por las ideas de urbanismo promulgadas por los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), donde se proponía la zonificación para las cuatro funciones urbanas: habitación, trabajo, esparcimiento y circulación. Adicionalmente, Josep Luis Sert agrega una quinta función urbana: el Centro Cívico⁴. Por otro lado, las escalas propuestas del modelo de ciudad del Plan Piloto generan una perspectiva de ciudad que va desde lo regional, considerando los municipios que influyen en las dinámicas sociales y económicas de Cali, hasta lo local con la propuesta del Centro Cívico que posibilita un núcleo de muchas actividades urbanas agrupadas.

Para Espinosa (2006), lo extraño es que todo lo planteado y estructurado para el desarrollo urbano por el Plan Piloto de Cali tomó un rumbo diferente. Parte de la respuesta estaría dada por los intereses de propietarios de tierras que tenían incidencia política decisiva en la ciudad, y por la naciente Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (en adelante CVC) que lideraría el “Proyecto Aguablanca”, decisivo para el desarrollo próximo urbano. Para la CVC (2004), el proyecto fue propuesto inicialmente por la firma Olarte, Ospina, Arias y Payán Ltda (OLAP, en la actualidad llamada INGETEC) de Bogotá en 1951, como un plan de control de inundaciones, drenaje e irrigación de tierras que incluía regulación del río Cauca con embalses en Timba y la Salvajina y proyectos de riego para 1954.

El proyecto Aguablanca antecede al surgimiento de la CVC y aparece como una propuesta de trabajo del grupo OLAP, bajo la denominación Proyecto Aguablanca, control de inundaciones, drenaje y riego (1951), que se suscribe según contrato No. 3287 de enero 24 de 1950, entre el departamento del Valle del Cauca y OLAP. El objeto del estudio era:

La zona denominada “Aguablanca” comprende la franja de terreno plano en la margen izquierda del río Cauca entre el río Jamundí y la carretera Cali-Juanchito. Tiene un área de 7.000 hectáreas de terreno anegadizo, que en las grandes crecientes del Río Cauca es inundada así totalmente. También en inviernos fuertes, en que el río no alcanza estados extremos, los caudales de los tributarios y las aguas lluvias inundan parte de la zona por falta de drenaje adecuado. El objeto del presente estudio es la elaboración de un plan de desarrollo coordinado que permita un aprovechamiento eficaz de las tierras de Aguablanca que hoy en día no se pueden utilizar para cultivos, por el riesgo de las inundaciones. La fertilidad de los suelos y su localización favorable vecina a Cali hacen que estas tierras puedan ser en un futuro el principal centro de abasto de víveres de esta ciudad (OLAP, 1951, p. 1).

La gobernación del Valle del Cauca estaba dirigida en ese momento por Nicolás Borrero Olano, quien como agente laureanista, impulsó la policía privada o “pájaros” en esa parte del país, con miras a proteger a hacendados, terratenientes y demás líderes políticos locales. Según Quintero Restrepo:

La oficialización de la policía privada y las bandas de “pájaros” en el Valle del Cauca la hizo el gobernador Nicolás Borrero Olano quién convocó una reunión en su despacho a los gremios, a los ganaderos y hacendados, para proponerles la creación de un cuerpo de policía privado. El 28 de octubre de 1949 se reunieron los invitados en la gobernación del Valle, en donde el gobernador planteó la urgente necesidad de crear un cuerpo propio de policía “con unas trescientas unidades, pagadas y dotadas con fondos de los propietarios, […] esta policía dependería de una junta que presidiría el gobernador y que estaría integrada por varios ganaderos y agricultores del departamento”. La junta quedó conformada por Bernardo Henao Mejía, Alfonso Garcés Valencia y José Abel Peláez. En esta reunión quedó evidenciada la oficialización de los “pájaros”, pues en lo que trascendió a la prensa, el gobernador llegó al extremo de ofrecer: “[…] a los hacendados y agricultores que lo necesitaran y lo desearan, la facilidad de crear un cuerpo de vigilancia de sus respectivas propiedades, el cual tendría todo el respaldo de la autoridad y podría actuar en nombre de ella”²⁸ […] “Legalizada y oficializada la policía privada, se legalizaba también la ‘pajaramenta’; no es gratuito que numerosos ‘pájaros’ hubieran surgido como ‘protectores’ de fincas y haciendas y que gran número de los mismos fueran ex-policías. Borrero Olano, laureanista y con posiciones de derecha, fue el que impuso el poder civil, logrando la ‘neutralidad’ del ejército en las zonas de actuación de los ‘pájaros’”. Una oleada de acciones violentas se desencadenó contra poblaciones de mayorías liberales después de este acto del gobernador (Quintero, 2008, p. 252).

Este proyecto (que se considera anteproyecto por el alcance semidetallado) implicaba tres tipos de estudios: levantamientos topográficos preliminares, estudios hidrológicos y estudios de suelos. El punto sobre el estudio de los suelos es de vital importancia, porque es ahí donde radica la principal justificación para la intervención de la zona con el desarrollo y construcción de un conjunto de infraestructuras que transformarían la zona de inundación, y además la proveería de rentabilidad. El trabajo técnico consistía, entonces, en determinar las adecuaciones que deberían de adelantarse para el sistema de drenaje e irrigación de tierras. El énfasis del proyecto se expresa claramente:

La zona estudiada, sobre la margen izquierda del río Cauca, abarca toda el área que puede recuperarse para la agricultura por medio del drenaje e irrigación… Se trata de una zona adyacente a Cali, con suelos de buena calidad aptos para cultivos diversos, lo que hace que este proyecto revista interés muy especial, tanto desde el punto de vista económico como el sanitario. Los pantanos y ciénagas que cubren actualmente gran parte de la superficie de esta zona, constituyen verdaderos focos de infección que atentan constantemente contra la salud pública de Cali y de los numerosos centros poblados anexos (OLAP, 1951, p. 10).