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Introducción general

«Transición energética» es un término que se repite con insistencia en documentos, artículos, declaraciones oficiales y cuantos textos abordan la situación y los desafíos energéticos que afrontan las sociedades actuales. El grado de precisión con que se utiliza ese término es diverso, pero existe un denominador común que nace del vínculo entre la política energética y la lucha contra el calentamiento global del planeta, y tiene en el sistema eléctrico su principal campo de transformación. En él convergen los eslabones centrales de esa transición: la apuesta por las energías renovables, el cierre de las plantas térmicas –grandes emisoras de gases de efecto invernadero–, la mayor eficiencia en el uso de la energía, la electrificación del parque de vehículos y de otras actividades que son grandes consumidoras de hidrocarburos, y el cierre paulatino de las plantas nucleares.

Desde hace más de una década, en el ámbito de la Unión Europea se debaten los objetivos que se deben lograr en el horizonte de 2030-2050 para culminar la transición energética. Con tal propósito, se han ido fijando metas intermedias que tendrán que ir cumpliéndose para alcanzar un futuro energético libre de emisiones de gases de efecto invernadero. La pretensión es que, además de ser más eficiente y de favorecer el bienestar social, elimine los mayores focos contaminantes que provocan el calentamiento global. En ese sentido, por elevación, ciertos planteamientos prefieren referirse a la «transición ecológica» para destacar la relación que existe entre los eslabones citados y el entorno natural en el que se desenvuelve la sociedad. Se consideran así los factores concernientes al proceso económico y a la organización social que también inciden en el cambio climático y que provocan otras agresiones a la biofísica del planeta, a través del sistema de transporte, los hábitos de consumo, la gestión de los residuos y las actividades productivas de la industria, la pesca, la agricultura y la construcción, asociadas a la necesidad de preservación del entorno natural. Surge, por tanto, un engranaje común que articula la transición eléctrica, energética y ecológica.

Sin embargo, sin restar un ápice de importancia a la casi unanimidad con la que organismos de todo tipo se adhieren a los objetivos de la transición energética y sin minimizar la relevancia de las metas establecidas por los órganos europeos, el paso del tiempo desvela también la singular relevancia que tiene la ausencia de un factor decisivo que no figura ni en su argumentación ni en los objetivos de esos organismos: la necesidad de modificar el marco institucional en el que se desenvuelven los actores implicados en la producción, el comercio y el consumo de energía. Siendo el sistema eléctrico la pieza cardinal de esa transición, esa ausencia se concreta en la clamorosa omisión acerca de las implicaciones negativas que se derivan de la estructura oligopólica que domina la generación-transmisión-comercialización de la energía eléctrica en cada país europeo y en el conjunto de la Unión Europea.

Un pequeño grupo de grandes compañías eléctricas mantiene posiciones de poder en los mercados mayoristas y minoristas porque posee la mayor parte de la capacidad instalada, de la energía producida, de las redes de distribución y de la venta final de electricidad. En España existe un tripolio dominante formado por Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa (ahora llamada Naturgy), al que se suman otras dos compañías medianas, EDP y Viesgo (ahora Repsol que compró sus activos), de manera que las cinco concentran el 70% de la producción, casi el 100% de la red de distribución y el 90% de las ventas finales.

Desde los últimos años del siglo XX, la Comisión Europea ha impulsado un proceso de liberalización del sector eléctrico que aún ha sido más intenso en España. Uno de sus objetivos declarados era estimular la competencia entre las empresas eléctricas; sin embargo, veinte años después resulta evidente que los mercados eléctricos están dominados por grupos oligopólicos, a pesar de lo cual los organismos europeos mantienen el mismo discurso. Ante esa realidad, afloran tres interrogantes consecutivos: qué viabilidad tiene una transición eléctrico-energética basada en esas estructuras dominantes; qué características puede tener una transición gobernada por oligopolios; y qué consecuencias pueden deparar las metas fijadas desde unos órganos europeos que ignoran la posición de poder de los grupos oligopólicos.

Estos interrogantes constituyen el meollo fundamental de este trabajo, dedicado en primera instancia a exponer el proceso que ha conducido a la situación actual, en la que el sistema eléctrico está dominado por un «tripolio extensivo». La estricta posición de poder que ejercen las cinco compañías mencionadas se convierte en un factor determinante de las posibilidades y de los límites de la transición eléctrico-energética. Una posición de poder que sólo puede tener contrapeso si los poderes públicos recuperan las funciones perdidas décadas atrás y diseñan una estrategia de transformación guiada por objetivos económicos, sociales y ecológicos que permitan conseguir la mejor transición posible.

Por consiguiente, las características que adopte la transición eléctrica dependerán fundamentalmente del acierto con que se fije y se aplique esa estrategia, lo cual inevitablemente tendrá que ir acompañado de la solvencia con la que los poderes públicos (parlamento, gobierno, reguladores del mercado, garantes de la competencia) entablen una negociación «disputada» con las grandes compañías para que prevalezcan los intereses democráticos de la mayoría de la sociedad. Adicionalmente, la transformación del sistema eléctrico adquiere una dimensión superlativa cuando se considera su íntima conexión con otros dos grandes desafíos: de un lado, los retos tecnológicos pendientes en torno a los nuevos materiales y equipos, las aplicaciones digitalizadas, el almacenamiento de electricidad a gran escala y los vehículos eléctricos; de otro lado, las pugnas geopolíticas en torno al control de esas tecnologías y al cumplimiento de los objetivos con los que afrontar la gravedad que alcanza el calentamiento global del planeta.

Considerando esa suma de desafíos es como mejor cabe evaluar las posibles consecuencias que pueden tener las metas planteadas por la Unión Europea al proponer una transición amnésica con respecto a las estructuras de poder (eléctrico, tecnológico, geopolítico). En broma podría denominarse el «fenómeno Cañete», en alusión a Miguel Díaz Cañete, que fue ministro de Agricultura y Medio Ambiente en dos gobiernos del Partido Popular y que desde 2014 hasta 2019 ha ejercido como comisario de Acción por el Clima y Energía en la Comisión Europea. Tal fenómeno expresa dos paradojas. La primera es que los órganos europeos que impulsan la transición energética estén gobernados fundamentalmente por líderes liberal-conservadores cuyos partidos nacionales están vinculados a los grandes poderes económicos y que, salvo escasas excepciones, no apuestan precisamente por un cambio energético radical. Buen ejemplo de ello fue la política energética y ambiental que llevó a cabo el PP, claramente situada en las antípodas de los objetivos requeridos por la transición energética. Sin embargo, una vez nombrado comisario europeo, Díaz Cañete se convirtió en el máximo responsable de impulsar las metas fijadas por el Parlamento y la Comisión Europea. La segunda paradoja surge al constatar que muchos partidos de izquierda y organizaciones ecologistas toman esas metas de la UE como referencia para sus propias propuestas, limitándose en muchos casos a proponer objetivos numéricos aún más ambiciosos y plazos de cumplimiento más cortos.

Por supuesto, contar con esa política europea es un buen antídoto de partida frente a quienes por ignorancia o por interés restan importancia a la gravedad de las amenazas pronosticadas por los científicos si no se altera de forma rápida y contundente el rumbo que lleva el calentamiento global del planeta. Igualmente, esa política europea es un apoyo considerable frente a quienes minusvaloran las posibilidades de desarrollo que tienen las energías renovables y su extraordinaria relevancia en el impulso de la transición energética. En ese sentido, hay que destacar el interés que tienen las proyecciones hechas para un horizonte de varias décadas, si bien sería un craso error otorgarles patente de cuasicertidumbre, más aún cuando se trata de estimaciones que habrán de alcanzarse siguiendo una trayectoria con sucesivas metas parciales, algunas de las cuales no se han ido cumpliendo en fechas ya consumadas.

En ese sentido, tanto las propuestas como la actitud de los órganos europeos pueden derivar en debates sesgados que, en lugar de aclarar, enturbien la ruta de los desafíos pendientes con los que encauzar una transición que sea viable y ventajosa para la mayoría social. La lucha contra el cambio climático y el impulso de la mejor transición posible no se defienden mediante el ejercicio de un apostólico ahínco basado en formular pronósticos apocalípticos con fechas fatídicas, ni en proponer alternativas inviables, plazos inalcanzables y medidas unilaterales. Una posición que obliga a recordar el consejo que daba aquel personaje persa ideado por Montesquieu (Cartas persas) en su recorrido por tierras europeas. Al constatar que los obispos católicos propugnaban demasiadas exigencias dogmáticas –que ellos mismos no cumplían–, pensaba que sería mejor disponer de menos exigencias, pero que se cumplieran de verdad.

Tal vez por eso mismo tiene sentido llamar la atención acerca de los numerosos debates sobre cifras y fechas que tienen lugar en el seno de los organismos europeos, siempre huérfanos de tres requisitos que parecen fundamentales. Primero, las instituciones europeas (parlamento, consejo, comisión, comisarías) tendrían que comportarse como órganos de poder político y, como tal, disponerse a negociar con otros poderes, como son los gobiernos de EEUU, Brasil, entre otros, que ignoran o rechazan los acuerdos para frenar el calentamiento global, o bien aquellos otros, como el de China, que los supeditan estrictamente a sus dinámicas nacionales. Lo mismo sucede con las grandes empresas petroleras, eléctricas y automovilísticas, entre otras, que tampoco se comprometen con las metas propuestas, sin que los órganos políticos europeos se muestren dispuestos a entablar negociaciones tendentes a que se cumplan los objetivos fijados. El segundo requisito que se echa en falta es la escasa disponibilidad de instrumentos eficaces para que los actores europeos implicados (gobiernos, empresas y otras instancias) cumplan efectivamente con esos objetivos en los sucesivos plazos establecidos. El tercer requisito que brilla por su ausencia es la incorporación de los cambios institucionales con los que garantizar que las metas propuestas no se adecuen a la horma que interesa a los grupos oligopólicos, sino que hagan posible una merma efectiva de su poder de mercado como condición indispensable para que la transición responda a los intereses mayoritarios de las sociedades europeas.

Si las instituciones europeas y los gobiernos nacionales no incorporan esos requisitos, el proceso de transformación del sistema eléctrico puede resultar seriamente dañado. Peor aún, podría derivar hacia derroteros indeseables si las premuras voluntaristas por lograr algunos objetivos a escala nacional (hegemonía de las tecnologías renovables, niveles de reducción de emisiones contaminantes u otros) resultaran propósitos fallidos merced a que hubieran quedado aislados de otros objetivos igualmente importantes y/o merced a la carencia de instrumentos eficaces con los que lograrlos. Como señalaba Montaigne, «los excesos de la virtud pueden llegar a ser más dañinos que los defectos de los vicios». En ese sentido, la insistencia en el (imprescindible) desarrollo de las tecnologías renovables no puede plantearse sin establecer las condiciones precisas que hagan viable el gran volumen de inversiones que se requiere, además de otras condiciones que se analizan a lo largo del trabajo. Lo cual plantea la necesidad de modificar el funcionamiento del mercado mayorista y de establecer un marco regulador que limite el dominio que ejercen las compañías que forman el oligopolio eléctrico.

El diseño de la transición eléctrica está obligado a formular estimaciones debidamente argumentadas y respaldadas por medidas eficaces acerca del comportamiento de la demanda eléctrica prevista y de las posibilidades de desarrollo de las tecnologías con la que abastecerla, fijando pronósticos que sean creíbles y que se sometan a sucesivos contrastes y revisiones. Ese cruce de previsiones sobre el tamaño y el perfil de la demanda y sobre la composición del mix de oferta constituye el arco de bóveda que soporta un conjunto de decisiones cruciales acerca del ritmo, las condiciones y el volumen de las inversiones con las que potenciar las tecnologías renovables, mantener otras y prescindir de aquellas (térmicas de carbón y nucleares) que caminan hacia su desaparición. Ahí se inscriben también los cambios a introducir en el mercado mayorista, la reorganización de las redes de transmisión y del segmento de comercialización, junto con la revisión de los criterios para fijar los peajes y cargas que se trasladan a los consumidores finales. En caso contrario, si estas cuestiones fundamentales no se modifican en la dirección conveniente, aumentarán las posibilidades de que el mix eléctrico siga reflejando una mala asignación entre las tecnologías generadoras, unos precios exagerados y mal determinados, y la persistencia de privilegios que favorecen a las grandes compañías.

Por consiguiente, alrededor de la transformación del sistema eléctrico entran en juego cuestiones vitales para toda la sociedad que dilucidan cómo garantizar el suministro de un producto fundamental y cómo contribuir a un drástico descenso de la emisión de gases de efecto invernadero a través de dos procesos simultáneos: la desaparición de la generación eléctrica de origen térmico, en primer término, las plantas que utilizan carbón, y la creciente electrificación del transporte motorizado y otras actividades que consumen hidrocarburos altamente contaminantes. Se trata de transformar un sistema eléctrico que en términos económicos constituye un colosal negocio que cada año mueve en España unos 40 mil millones de euros y que proporciona al tripolio (Iberdrola, Endesa, Naturgy) un beneficio conjunto superior a 2 mil millones de euros.

Siendo así, el propósito central que guía este trabajo es proporcionar una visión de conjunto del entramado tecnológico-productivo e institucional que caracteriza al sistema eléctrico. Sólo desde el conocimiento de las principales piezas que articulan este sistema se puede disponer de criterios válidos con los que evaluar la situación actual, debatir sobre los cambios pendientes y pronunciarse sobre las posibles alternativas para llevar a cabo su transformación. Tres décadas después de que se iniciara la privatización de compañías públicas y dos décadas desde que arreciaran las medidas liberalizadoras impulsadas por las instituciones europeas y profundizadas por los sucesivos gobiernos españoles, resulta perentorio explicar por qué el funcionamiento del sistema eléctrico español tiene poco que ver con las promesas de competencia, eficiencia y moderación de los precios. La evidencia muestra una realidad que camina en dirección contraria: fuerte concentración empresarial, precios exagerados, deficiente asignación de las tecnologías eléctricas y proliferación de situaciones ventajosas para las grandes compañías.

El abandono de muchas de sus responsabilidades por parte del Estado ha configurado un sucedáneo de competencia, un «como si» pareciera que hubiera competencia entre empresas, entre tecnologías eléctricas y entre plantas generadoras, cuando la realidad muestra que el tripolio extensivo controla la mayor parte de las plantas y de las tecnologías generadoras de electricidad, además de las redes de distribución y casi toda la comercialización final. Un «como si» esa realidad oligopólica no tuviera por qué afectar al precio fijado en el mercado mayorista y a los precios finales que pagan los consumidores. Un «como si» que da lugar a que el sistema eléctrico se asemeje al juego del «Monopoly» en el que la apariencia de cómo actúan los jugadores es completamente ajena a lo que sucede en una realidad en la que el tripolio extensivo puede llevar a cabo un negocio muy lucrativo.

El análisis que se vertebra a lo largo del trabajo pretende aportar una reflexión sobre lo que ha venido ocurriendo en el sistema eléctrico, como condición imprescindible para explicar sus características actuales y para afrontar el debate sobre qué transición, con qué prioridades y con qué actores cabe llevar a cabo la transformación del sistema. El texto se posiciona inequívocamente a favor de una transición que conduzca a la hegemonía de las tecnologías renovables en el mix de oferta, a elevar la eficiencia de los consumos eléctricos y a incrementar la electrificación del transporte terrestre y de otros ámbitos, con el consiguiente descenso drástico de las emisiones de gases de efecto invernadero. Logros que precisan de una modificación profunda del entramado eléctrico en cada uno de los segmentos: generación, transporte, distribución y comercialización. El texto pretende contribuir al debate sobre una transición comprometida en la lucha contra el calentamiento global a la vez que con la merma del dominio que ejerce el oligopolio eléctrico, planteando la necesidad de una transición disputada en la que los poderes públicos hagan valer su representatividad democrática y el apoyo social para garantizar una dirección estratégica de los cambios que están pendientes en el sistema eléctrico.

El trabajo está dividido en dos partes en las que se explica la posición de poder del oligopolio eléctrico desde dos perspectivas complementarias. La primera consta de cuatro capítulos y analiza el dominio de las grandes compañías desde el punto de vista de las diferentes tecnologías con las que se genera la electricidad. La segunda consta de otros cuatro capítulos y analiza ese dominio desde el punto de vista de los segmentos y los mercados que componen el sistema eléctrico. Completan el trabajo un capítulo introductorio y otro final.

El primer capítulo plantea tres premisas básicas para el análisis posterior: los fundamentos de cualquier estructura oligopólica, las características singulares de la electricidad como producto y los imperativos que se derivan del calentamiento global. Los cuatro capítulos de la primera parte se dedican a examinar las distintas tecnologías con las que se genera la energía eléctrica en España, tanto las que van camino de su ocaso histórico (térmicas de carbón y fuel; nuclear), que seguirán cumpliendo una función complementaria (ciclo combinado, cogeneración basada en gas natural, hidráulica), como las que irán convirtiéndose en hegemónicas dentro del mix eléctrico (eólica, fotovoltaica y otras renovables). Los cuatro capítulos de la segunda parte exponen cómo funciona el oligopolio eléctrico español, considerando la importancia que han ido teniendo las intervenciones normativas acordadas en los órganos europeos y las específicamente españolas, detallando el control que el tripolio extensivo ejerce a lo largo de los segmentos de producción, distribución y venta final, explicando su posición de poder en un mercado mayorista hecho a su medida y mostrando cómo esa posición de poder se extiende también al ámbito de los peajes y cargas reguladas que se trasladan al precio final que pagan los consumidores. Por último, el capítulo final presenta un conjunto de consideraciones y propuestas acerca de la estrategia a seguir para transformar el sistema eléctrico.

Una vez avanzado el contenido general del trabajo es conveniente advertir de una limitación de partida. Salvo alusiones puntuales, el texto no aborda otros temas relacionados con el sistema eléctrico que pertenecen al ámbito general de la economía, sea desde el punto de vista de la estrategia productiva, la dinámica de crecimiento o la aplicación de medidas de política económica. Ejemplos notorios de esa omisión son la ausencia de tratamientos específicos de cuestiones como la fiscalidad, la incidencia de las tecnologías renovables en el empleo y la producción de la economía, o bien la relación entre los cambios tecnológicos implicados en la transición eléctrica (generación, almacenamiento, conectividad de redes) y la modificación de la estructura productiva y de la inserción exterior de la economía española. Tampoco se detiene a analizar cuestiones generales sobre energía que trascienden al sistema eléctrico. Todos ellos son temas complejos que requerirían un análisis extenso y detallado que escapa a las pretensiones de este trabajo, centrado en lo que sucede en «el interior» del sistema eléctrico.

Desde un punto de vista personal, mi relación con las cuestiones eléctricas y energéticas ha transcurrido por varias fases en cada una de las cuales ha predominado una faceta distinta. Mi primera aproximación se produjo a mediados de los años setenta, y en ella predominó el carácter político y reivindicativo contra el último plan energético aprobado por el franquismo, que pretendió construir un gran número de centrales nucleares. Aquella disparatada decisión, sólo en parte corregida por los gobiernos de UCD que pilotaron la transición política, provocó numerosos movimientos de protesta en el curso de los cuales tuve ocasión de entrar en contacto con algunos de los líderes pioneros del ecologismo en nuestro país, como Mario Gaviria y Pedro Costa, así como con científicos e intelectuales, como Ángel Pestaña y Artemio Precioso, cuya lucidez y consistencia argumental me aportaron un primer bagaje de conocimientos sobre el funcionamiento del sistema energético. Como derivaciones posteriores, representando al Partido del Trabajo de España en 1978 participé como ponente en un congreso internacional de organizaciones contrarias a la nuclearización celebrado en Milán y, al año siguiente, lo hice en la sesión inaugural del curso académico de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid dedicada a la reforma del sistema energético.

La segunda aproximación fue más sistemática y tuvo carácter profesional, ejerciendo como economista. Desde finales de los ochenta hasta mediados de los noventa participé en varios proyectos financiados por la Dirección General de Energía de las Comunidades Europeas. Como integrante de un equipo creado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) formé parte de dos proyectos elaborados conjuntamente con equipos similares de otros países europeos. En 1989 participamos en el proyecto «Promotion and Development of Energy Cooperation between EC and Non-EC Countries in the Mediterranean Basin» y en 1994 lo hicimos en «Global Energy Saving Strategy for Ukraine», formando parte del programa Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States (TACIS). A la vez, como investigador del Instituto de Europa Oriental de la Universidad Complutense, en 1991 elaboré para aquella dirección general europea un primer informe sobre «The Situation in the Energy Sector of the Russian Federation. Cooperation between European Community and the Russian Federation» y dentro del programa TACIS, en 1993, otro sobre «Energy Assessment in the Former Soviet Union». Durante aquellos años publiqué diversos artículos y capítulos de libros surgidos como productos derivados de esos proyectos europeos.

El tercer abordaje, una década después, tuvo un cariz estrictamente académico, como director del grupo de investigación «Economía Política de la Mundialización», de la Universidad Complutense de Madrid. El proyecto «Análisis de las grandes regiones deficitarias en energía. Consecuencias económicas e implicaciones geoestratégicas» dio origen al libro colectivo, publicado bajo mi dirección, El petróleo y el gas en la geoestrategia mundial y a sucesivos artículos que, de forma individual o con otros autores, se publicaron en distintas revistas españolas y extranjeras. Después, el proyecto «Las grandes empresas europeas de petróleo y gas en el abastecimiento externo de la UE: Estrategias cooperativas de la UE con Rusia-Caspio y África», dirigido por mi colega Rafael Fernández, dio lugar a otra tanda de artículos individuales o en coautoría con Rafael y con Clara García, que fueron publicados en revistas de referencia como Energy Policy, Review of International Studies (U. Cambridge), Futures, Asia-Pacific Viewpoint y otras.

Una vez jubilado de mis actividades universitarias, hace año y medio decidí dedicar una parte de mi tiempo a indagar en las características del sistema eléctrico español. Un tema que había suscitado mi interés desde los tiempos en los que el cuestionamiento de los delirios nucleares franquistas inducía a preguntarse sobre las posibles alternativas con las que generar la energía eléctrica. Interés acrecentado en los últimos años ante las numerosas evidencias de que el término «transición energética» corre el peligro de convertirse en un cliché lampedusiano que alude a la necesidad de introducir muchos cambios, pero sin que cambie la matriz del sistema eléctrico, es decir, el poder de las compañías que forman el oligopolio. Ante ello, mi reacción es similar a la del personaje de Richard Ford: «Decir que algo está fundado en una mentira no es afirmar nada realmente importante […] estoy mucho más interesado en cómo esas mentiras enraízan» (Canadá, p. 450).

Para concluir, deseo expresar mi agradecimiento a cuantas personas a lo largo de los años han ido aportándome los conocimientos, ciertamente muy diversos, que se precisan para comprender cómo funciona el sistema eléctrico. La formación académica que se nos proporciona a los economistas no suele tener relación con los procesos tecnológicos y tampoco con los entramados institucionales, por lo que, en mi caso, el grado de conocimiento que he adquirido sobre esos aspectos tecnológicos e institucionales se lo debo a las muchas lecturas que he realizado a lo largo de los años, pero sobre todo a los ingenieros y otros profesionales especializados con los que pude colaborar cuando trabajé con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y con varios institutos rusos. Ellos tuvieron la paciencia y la generosidad de dedicar su tiempo a explicarme cuestiones técnicas, organizativas y de otro tipo, que ahora he podido utilizar para confeccionar este trabajo.

En la fase final de su elaboración, cuando disponía de un borrador bastante avanzado del libro, he contado por la ayuda de varios especialistas que amablemente me han brindado sus conocimientos, comentando con concienzudo detalle sus opiniones críticas sobre un borrador y varios de ellos prestándome un tiempo adicional para conversar directamente sobre ciertos aspectos de su contenido. De manera particular, mi agradecimiento es máximo con José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, la organización que agrupa a las empresas de dicho sector; con Jorge Aragón, miembro del Consejo Económico-Social y de la Comisión de Expertos sobre la transición energética que presentó su informe en la primavera de 2018; con Luis Ciro Pérez, especialista en temas energéticos del IDAE; con Marta Victoria y con Cristóbal Gallego, ingenieros especializados en energía solar y eólica, y autores de numerosos trabajos publicados por el Observatorio Crítico de la Energía; Cristóbal también formó parte de la mencionada Comisión de Expertos sobre la Transición Energética. Rafael Fernández, profesor de Economía Mundial en la Universidad Complutense, con quien me une una larga trayectoria académica y numerosos trabajos conjuntos, me hizo varias observaciones que también he incorporado. María Jesús Vara realizó una última lectura del texto, intentando aliviar mi propensión hacia los párrafos densos y otros defectos ya difíciles de superar a estas alturas. Todos ellos fueron generosos en su esfuerzo y me brindaron su valioso apoyo. De los errores, deslices y demás fallos que encuentre el lector, únicamente yo soy el responsable.

Julio de 2019