El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo, por qué

Resumen

El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo, por qué recoge los resultados de investigación del programa “Observatorio de restitución y regulación de derechos de propiedad agraria” financiado por Colciencias. Esta investigación analiza la variación regional del despojo de tierras activo paramilitar en Colombia, los mecanismos a través de los cuales tuvo lugar y las alianzas con elites agrarias que posibilitaron esta masiva transferencia de tierras de campesinos y de grupos étnicos hacia las arcas de los paramilitares, de actores poderosos en el mundo rural y de sus testaferros. Esta obra analiza las condiciones organizacionales e institucionales que lo posibilitaron, los mecanismos de legalización y sus beneficiarios y está dirigida a personas de diversos sectores académicos, estatales y sociales interesados en comprender más y mejor este repertorio de violencia que sin duda tiene implicaciones de política pública, no solo en los temas de restitución de tierras sino en la regulación de los derechos de propiedad rural en Colombia.

Palabras clave: Tenencia de la tierra, desplazamiento forzado, víctimas de la violencia, conflicto armado, paramilitarismo, Colombia.

The Paramilitary Dispossession and its Variation:
Who, How, Why

Abstract

Dispossession and its Perpetrators: Who, How, Why presents results from the research program “Observatory on restitution and regulation of rights to agricultural property”, financed by Colciencias. This research analyzed regional practices and mechanisms of land dispossession by Colombian paramilitaries, and their alliances with agricultural elites that made it possible to transfer vast areas of land from campesinos and ethnic minorities to groups made up of powerful actors in the rural economy and their armed representatives. This work analyzes the organizational and institutional conditions that made this possible, the mechanisms by which transferred property was legalized, and the identities of the process’s beneficiaries. It is directed to people in various academic, State, and social sectors interested in more and better information about this repertory of violence with undeniable policy implications, not only for land restitution but for the regulation of rural property rights in Colombia.

Keywords: Land tenure, forced displacement, victims of violence, armed conflict, paramilitary groups, Colombia.

Para citar este libro

Gutiérrez Sanín, Francisco & Vargas Reina, Jenniffer (eds.). (2016). El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo, por qué. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.

DOI: dx.doi.org/10.12804/tj9789587387704

El despojo paramilitar y su variación:
quiénes, cómo, por qué

Francisco Gutiérrez Sanín

Jenniffer Vargas Reina

—Editores académicos—

El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo, por qué / Francisco Gutiérrez Sanín, Jenniffer Vargas Reina, editores académicos. - Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2016.

xii, 258 páginas. — (Colección Textos de Jurisprudencia)

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN: 978-958-738-769-8 (impreso)

ISBN: 978-958-738-770-4 (digital)

DOI: dx.doi.org/10.12804/tj9789587387704

Tenencia de la tierra - Colombia / Desplazamiento forzado - Colombia / Víctimas de la violencia - Colombia / Conflicto armado - Colombia / Paramilitarismo - Colombia / I. Gutiérrez Sanín, Francisco / II. Vargas Reina, Jenniffer / III. Universidad del Rosario. Facultad de Jurisprudencia.

303.6 SCDD 20

Catalogación en la fuente — Universidad del Rosario. Biblioteca

jda Septiembre 5 de 2016

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

Colección Textos de Jurisprudencia

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© Varios autores

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Carrera 7 Nº 12B-41, oficina 501 • Teléfono 297 02 00

editorial.urosario.edu.co

Primera edición: Bogotá D.C., octubre de 2016

ISBN: 978-958-738-769-8 (rústica)

ISBN: 978-958-738-770-4 (digital)

DOI: dx.doi.org/10.12804/tj9789587387704

Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario

Corrección de estilo: Carolina Méndez

Diseño de cubierta: Miguel Ramírez, Kilka DG.

Diagramación: Martha Echeverry

Desarrollo ePub: Lápiz Blanco S.A.S.

Hecho en Colombia
Made in Colombia

La investigación que derivó la presente obra contó con el apoyo de Colciencias, convocatoria 343 de 2011, código del programa: 550054332240, financiada con recursos del patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Francisco José de Caldas.

Los conceptos y opiniones de esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen a la universidad ni sus políticas institucionales.

Fecha de evaluación: 01 de junio de 2016

Fecha de aceptación: 22 de julio de 2016

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo por escrito de la Editorial Universidad del Rosario.

Siglas y acrónimos

ACC Autodefensas Campesinas del Casanare

ACDEGAM Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio

ACORE Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas

ACMM Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio

ACCU Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá

ACPB Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá

ANUC Asociación Nacional de Usuarios Campesinos

AUC Autodefensas Unidas de Colombia

BACRIM Bandas Criminales

BEC Bloque Elmer Cárdenas

BN Bloque Norte

BT Bloque Tolima

CORANTIOQUIA Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia

CORPAMAG Corporación Autónoma Regional del Magdalena

CTI Cuerpo Técnico de Investigación

DAS Departamento Administrativo de Seguridad

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia

DNP Departamento Nacional de Planeación

ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleo

ELN Ejército de Liberación Nacional

EOT Esquema de Ordenamiento Territorial

EPL Ejército Popular de Liberación

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

EOT Esquema de Ordenamiento Territorial

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FEDEGAN Federación Colombiana de Ganaderos

FFAA Fuerzas Armadas

FUNPAZCOR Fundación para la Paz de Córdoba

GMH Grupo de Memoria Histórica

ha Hectárea(s)

ICA Instituto Colombiano de Agricultura

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi

INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

INCORA Instituto Colombiano de Reforma Agraria

INDERENA Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente

M19 Movimiento 19 de Abril

MAS Muerte a Secuestradores

MINERCOL Empresa Nacional Minera Limitada

MORENA Movimiento de Restauración Nacional

MOVICE Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

MRL Movimiento Revolucionario Liberal

ORRDPA Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria

PASO Programa de Alternatividad Social

PC Partido Comunista

PC-ML Partido Comunista-Marxista Leninista

POT Plan de Ordenamiento Territorial

RUPTA Registro Único de Predios y Territorios Abandonados

RUV Registro Único de Víctimas

SAT Sistema de Alerta Temprana

UAEGRTD Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en el documento se simplificó como Unidad de Restitución de Tierras)

UAF Unidad Agrícola Familiar

UARIV Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNYJP Unidad Nacional para la Justicia y la Paz

UP Unión Patriótica

ZRC Zonas de Reserva Campesina

ZRFA Zona de Reserva Forestal de la Amazonía

Introducción*

Francisco Gutiérrez Sanín**

Jenniffer Vargas Reina***

*Este texto presenta resultados de investigación del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria financiado por Colciencias. Este libro se ha beneficiado de los cuidadosos y certeros comentarios críticos de Ana María Arjona, de valiosas evaluaciones de pares anónimos y de insumos de todo el equipo de investigación del Observatorio.

**Docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria (http://www.observatoriodetierras.org/?doing_wp_cron=1458945548.2336521148681640625000).

***Docente de cátedra de la Universidad Nacional de Colombia y de la Pontificia Universidad Javeriana. Investigadora de la Universidad del Rosario y miembro del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria (http://www.observatoriodetierras.org/?doing_wp_cron=1458945548.2336521148681640625000).

1. La pregunta

Este libro trata sobre el despojo paramilitar, es decir, sobre el robo de tierras a través del uso de diferentes grados de coerción por parte de un importante actor del conflicto armado colombiano. Vale la pena recordar la importancia y la enorme magnitud de este fenómeno durante nuestra guerra. De acuerdo con la principal base de datos de daños a la población civil, el Registro Único de Víctimas —RUV—, a primero de mayo de 2016 había en Colombia más de 7 millones 200 mil desplazados. De manera sintomática, el estado colombiano jamás ha hecho un conteo de los despojados. Pero las evidencias que tenemos a mano, tanto cualitativas (Grupo de Memoria Histórica, 2010) como las cuantitativas (Garay, 2011) sugieren que el número podría ser muy grande. Por ejemplo, según los cálculos de Garay y su equipo más del 40% de los desplazados fueron despojados (es decir, tuvieron que huir de su lugar de origen y perdieron sus tierras). Esto significaría que el número de los despojados en Colombia se debe contar por los millones o, al menos, por los cientos de miles. Este es un número enorme, como lo es también su impacto sobre la sociedad colombiana, no sólo por sus efectos, sino por los síntomas que podría revelar.

En particular, intentamos contestar a una pregunta de investigación que surgió mientras estudiábamos los patrones de despojo paramilitar: ¿a qué se debe la gran variedad en punto a frecuencias y técnicas del despojo que se observa tanto longitudinalmente (por periodo de tiempo) como territorialmente (por región y por unidad paramilitar)? En principio, la pregunta podría tener respuestas relativamente simples y/o cubiertas por teorías existentes. Por ejemplo, se podría pensar que entre más destructiva fuera la unidad paramilitar, más despojadora sería. Esta intuición corresponde a lo que nos sugiere buena parte de las teorías acerca de la violencia contra los civiles en el curso de las guerras, en las que se plantea que determinados factores militares o estratégicos generan niveles de violencia más o menos altos. Por ejemplo, la del control territorial de Kalyvas (2006) o la del acceso diferencial a los recursos de Weinstein (2006) establecen que “todas las cosas malas vienen juntas”: una vez se ha fijado una situación estratégica, la frecuencia y gravedad de los ataques de los actores serán las mismas.1 Pero la cantidad de contra-ejemplos es lo suficientemente grande como para desvirtuar esta línea de exploración. Por ejemplo, algunas de las unidades paramilitares más altamente homicidas y masacradoras estuvieron profundamente involucradas en el despojo de tierras, mientras que otras no (Frente Fronteras, ver por ejemplo Uribe, 2014; Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, Bloque Metro). Con el tiempo, algunas desarrollaron formas de gobernanza relativamente estables, y de éstas hubo quienes robaran tierras de manera persistente como el Bloque Bananero y el Bloque Elmer Cárdenas, y otras que no lo hicieron como las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio bajo el mando de alias Botalón.

Otra conjetura posible es que la variación en punto al despojo sea simplemente probabilística. Todos los grupos armados ilegales atacan a la población civil, algunos lo harán con más encono, por características como la personalidad de los comandantes o la situación de coyuntura, u otra semejante, que caen por debajo del radar del analista. No se debe descartar de plano esta intuición porque parte de la variación podría tener este origen. Eso significaría que un estudio cuantitativo no encontraría ninguna variación sistemática entre las unidades paramilitares, dependiente de sus características observables. En el análisis que hacemos en este libro encontramos, por el contrario, claras líneas divisorias que sugieren que sí hay una variación sistemática, que separa las unidades despojadoras de aquellas que no lo fueron.

En tercer lugar, el despojo podría estar mostrando que nuestra guerra ha sido producto de la voluntad de acumulación. Son ya célebres las teorías acerca de las insurgencias que plantean que las guerras se hacen para capturar rentas y tener acceso a recursos; en la formulación de Collier y Hoeffler (2004), las guerras son producto de la codicia y no de conflictos sociales. La versión colombiana aplicada al paramilitarismo sería afirmar que éste no se armó para combatir a la subversión sino para enriquecer a sus comandantes. En varias de las explicaciones oficiosas acerca de la existencia del paramilitarismo, escuchamos que su actividad criminal se asocia al narcotráfico. Parte del sentido común colombiano sobre el conflicto se apoya en que la coca constituye “el combustible de la guerra” (Pizarro, 2004). Sería plausible entonces pensar que los máximos agentes depredadores serían los narcotraficantes. Una vez más, el planteamiento contiene más de un grano de verdad. Pero aparte de los numerosos problemas que tiene la explicación codiciosa de la guerra (para críticas ver Cramer y Richards, 2011; Ross, 2004; Gutiérrez, 2004), nos encontramos con que algunos narcos se involucraron en prácticas despojadoras sólo en condiciones muy especiales; muchos de ellos no lo hicieron. Y, como se verá más adelante, podemos explicar con alguna precisión porque nos encontramos con ese desenlace.

En cuarto lugar, se podría asociar el despojo a las políticas neoliberales y al desarrollo de macro-proyectos en diferentes territorios (Ballvé, 2011; Lombana, 2012). En efecto, dichas políticas y tales proyectos generan transformaciones en gran escala que involucran, entre otras cosas, grandes transferencias de activos de unas manos a otras. Pero no todas esas transferencias pueden ser calificadas de despojo, por lo que se necesita una definición clara de este concepto para hacer el análisis. En los casos que consideramos aquí, vemos que el despojo puede asociarse a macro-proyectos y a dinámicas de economías de exportación, pero también a otras muy atrasadas, que poco o nada tienen que ver con la expansión global de las políticas neoliberales, como la ganadería extensiva.

Por último, la variación podría ser endógena a la guerra misma, es decir, podría estar dictada por consideraciones de carácter estratégico-militar. Este es el supuesto estrella de la teoría de control territorial de Kalyvas (2006). Como veremos en los casos tratados aquí, hay instancias en las cuales el control sobre las tierras —y sobre algunas fincas específicas— aumentó la probabilidad de establecer el control sobre el territorio. Dos ejemplos canónicos son la hacienda Las Tangas por parte de Fidel Castaño para apoyar la expansión paramilitar en el Urabá, y el caso de las tierras de la vereda La Pola, apropiadas por Jorge 40 en el Magdalena, pero esta no fue la regla general. Adicionalmente, entre los problemas que tiene la teoría de Kalyvas está el de no tener criterios claros para codificar si un territorio es “seguro” o no, y por tanto para decidir si el actor armado ilegal tiene incentivos para atacar a la población civil (lo cual es clave en las predicciones básicas de Kalyvas, 2006, p. 204). Por la manera en que los paramilitares distribuyeron su presencia en el territorio, estuvieron permanentemente expuestos a conflictos internos (Gutiérrez, 2014a). No es fácil dirimir cuáles dominios paramilitares eran competidos y cuáles no lo eran, en vista de la frecuencia de los brutales enfrentamientos intra-fuerza.

La literatura sobre los recursos y el control territorial que explica la variación de los repertorios de violencia de un grupo armado no ha tenido en cuenta las estructuras organizativas del despojador que deberían tener un papel central en la explicación de los patrones de violencia contra los civiles. Por ejemplo, los grupos con bajos niveles de disciplina y organizados como redes deberían ser más proclives a permitir, o incluso a estimular, diferentes modalidades de violencia oportunista, esto es, violencia contra los civiles ejercida por parte de un miembro de un grupo armado ilegal para satisfacer sus propios objetivos y no los objetivos estratégicos del grupo (Wood, 2009). Como veremos a lo largo de los casos considerados aquí, esta violencia oportunista fue central en el despojo de tierras en Colombia. La conclusión es que no se puede tratar al perpetrador como un actor unitario: las motivaciones para el ejercicio de la violencia pueden provenir de la cúpula remota de la fuerza, o de la cúpula inmediata (la de la unidad asentada directamente en el territorio), o de miembros de esa unidad, o incluso de personal externo altamente influyente.

Aún hay otra diferenciación que establecemos aquí, más radical, con respecto de muchas de las teorías establecidas: la guerra no tiene lugar en un vacío institucional (Gutiérrez, 2014a) ni social (Staniland, 2012; Thomson, 2011). Delitos como el del despojo se cometen a través de redes de poder ya establecidas (Salinas y Zarama, 2012), y tienen que ver con actores, reglas de juego, rutinas y formas de proceder, que estuvieron en acción antes, durante y después de la guerra (ORRDPA, 2014; Arjona, 2014). Por lo tanto, nuestro análisis del despojo tiene en cuenta las siguientes dimensiones:

a. Trata a las unidades paramilitares no como actores unitarios sino como a unidades que hacen parte de una compleja red que evoluciona.

b. Incluye en el análisis a las estructuras organizacionales del paramilitarismo.

c. Incluye en el análisis a los grupos sociales asociados a los diversos paramilitarismos que observamos, esto es, las coaliciones que se articularon alrededor de él y que a veces jugaron un papel directivo.

d. Incluye el papel de las agencias del estado.

e. Incluye en el análisis los diseños institucionales que permitieron que el despojo tuviera lugar.

El tener en cuenta tales dimensiones nos permitió llegar a una conclusión simple pero importante: allí donde las élites rurales legales estuvieron articuladas orgánicamente a la unidad paramilitar —a través de la participación en el personal directivo de ella y/o de pactos explícitos entre el grupo armado y líderes de los gremios productivos— aumentó sustancialmente la probabilidad de que se presentara despojo significativo. La presencia de narcos también parece haber incrementado la probabilidad de que se produjera despojo, siempre y cuando se dieran condiciones organizativas e institucionales favorables. Más aún, mostramos cómo estas variables sociales interactúan con dinámicas endógenas a la guerra, como el control territorial por parte de diversos grupos armados. Pero antes de entrar a discutir nuestra proposición central tenemos que hacer una breve revisión de algunas de las principales características del proyecto paramilitar en Colombia.

2. El contexto

En efecto, si como lo reconoce la literatura internacional, las “organizaciones cuentan” (Wood, 2009, 2012; Blattman y Miguel, 2010), es importante entender algunos rasgos relevantes del paramilitarismo colombiano. Lo primero que debería llamar la atención es su carácter proteico y gran diversidad. En la categoría entran desde escuadrones de la muerte livianos en personal y totalmente carentes tanto de poder de fuego para enfrentar a la guerrilla como de intelectuales para construir una justificación pública, hasta aparatos relativamente sofisticados, con publicaciones, políticos y cuadros universitarios, y una profunda capacidad de penetrar la sociedad civil. Es decir, las unidades paramilitares se diferenciaron por la existencia de una estructura organizacional, la forma de insertarse en la sociedad regional en la que actuaron y la articulación con el estado.

Pero no todo es variación. Los distintos paramilitarismos también compartieron algunos rasgos y formas de proceder. Primero, su orientación anti-guerrillera. Esto es básico para entender al paramilitarismo de las últimas décadas, y diferenciarlo de otros fenómenos (anteriores, como los pájaros, y posteriores). Los distintos paramilitarismos se crearon y financiaron para aplastar a la guerrilla en territorios específicos. Segundo, su interacción permanente con actores intra-sistémicos, lo que les garantizó altísimos grados de impunidad. La composición de actores intra-sistémicos que se vincularon al proyecto paramilitar cambió de región a región y de periodo a periodo, pero la “protección invisible” de la que gozaron los paramilitares se mantuvo relativamente estable (Gutiérrez, 2014b). Tercero, su carácter punitivo: todas las unidades incorporaron a su discurso, así como a su accionar, el principio de que se le debería quitar el agua al pez, y que por tanto era necesario castigar a aquellas personas o sectores sociales que apoyaran a la guerrilla. Este castigo podía involucrar formas extremas de violencia, como grandes masacres, homicidios, descuartizamientos, etc. Cuarto, su estructura organizativa de red: el paramilitarismo nunca fue un proyecto contra-insurgente unificado. Después de muchos esfuerzos los hermanos Castaño lograron conformar una laxa federación nacional, las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—, dentro de la cual cada unidad tenía un grado de autonomía muy grande. Hubo unidades que nunca ingresaron a la federación, como las Autodefensas Campesinas del Casanare, y en algunos casos las AUC “invadieron” territorios de jefes locales (como en el caso de los enfrentamientos entre Hernán Giraldo y Jorge 40, o entre Arroyave y Martín Llanos), lo que fue motivo de enfrentamientos entre paramilitares. Incluso dentro de cada grupo local la unidad de mando podía estar en duda.2

De lo anterior se colige que en cierta forma las características comunes y la variación son dos caras de una misma moneda. El paramilitarismo ha sido localista/regionalista por diseño (el nombre de sus grandes proyectos políticos lo sugiere de manera transparente: Por una Urabá grande, unida y en paz, Provincia Unida, Clamor Campesino Caribe, Poder Popular Campesino, entre otros), lo que a la vez se convierte en una fuente fundamental de variación. Estas fuerzas autónomas, que repartían el territorio de manera “semi-feudal” al decir de Doble Cero,3 se insertaron en cada uno de sus territorios de manera altamente idiosincrática. Es por ello que nuestras dimensiones explicativas de carácter organizacional sí varían. Y no lo hacen de manera fortuita, sino de acuerdo con estructuras de poder regionales ya establecidas en el momento en que entra el paramilitarismo a la región dada; ciertamente, en muchas ocasiones los paramilitares arribaron por demanda, debido a las peticiones, financiación y apoyo brindados explícitamente por dichas estructuras de poder.4,5 Dentro de ese marco general de operación hubo distintas clases de esquema organizacional del paramilitarismo (Gutiérrez, 2014a), que implicaban diferentes niveles de interacción con las élites rurales, con las agencias del estado, diferentes complejidades organizacionales y distintas maneras de controlar el territorio. Las Tablas 1 y 2 (ver final del capítulo) muestran las variables relevantes de esa inserción diferencial para capturar las disimilitudes organizativas y sociales de los paramilitarismos, y nos permite examinar si en efecto la variación por tipo de unidad permite diferenciar entre los niveles de despojo observados en nuestros estudios de caso.

3. La explicación

3.1. Definiciones y proposición básica

Por unidad paramilitar entendemos una estructura formalmente reconocida por otros actores dentro de la red. Para efectos prácticos, lidiamos con dos tipos de unidad: grandes, como los bloques que tenían amplio rango territorial y alguna semblanza de unidad de mando (piénsese en el Bloque Norte que actuaba en la Costa Atlántica)6 y las pequeñas, más cohesionadas, que operaban de manera estable sobre un conjunto mucho más pequeño de municipios bajo las órdenes de un comandante o líder claramente identificable.

Por despojo activo paramilitar entendemos “el acto planeado y consciente de quitar la tierra a alguien, con el fin de redistribuir los derechos de propiedad entre otros agentes. El agente despojador, o alguno de sus representantes, intenta explícitamente apropiarse del predio y la víctima lo abandona porque alguien le exige entregarlo, y/o los papeles que le daban derechos como posesión, usufructo y transferencia” (Gutiérrez, 2014b, p. 45).7 No consideramos aquí otros fenómenos, como transferencias masivas de activos de unas manos a otras, si no ha existido un componente claramente coercitivo y un daño legalmente reconocible (p. ej., a través de la fijación de precios ostensiblemente por debajo del valor de mercado). Naturalmente, eso no significa que no haya transferencias de activos, por ejemplo vía mercado, que no puedan tener efectos sociales profundamente indeseables (gran concentración de la tierra, etc.). Pero nuestro foco de atención aquí es el despojo.

Identificamos cuatro niveles al que éste se puede producir, que van desde el cercano a cero cuando prácticamente no se ha podido identificar un solo caso realizado por una unidad paramilitar dada en el municipio específico, hasta el más alto, 1, cuando hallamos que los casos identificados de despojo sobrepasan las 500 hectáreas.8 Por último, tomamos dos posibles unidades de observación: el municipio y la unidad paramilitar. Escogimos aleatoriamente los municipios en la variable dependiente,9 garantizando que capturáramos al menos tres clases de casos con presencia paramilitar que tuvieran alto desplazamiento con alto despojo; alto desplazamiento con bajo despojo; y bajo despojo con bajo desplazamiento.10 Se seleccionaron municipios en los que no hubo despojo para poder identificar las condiciones que explican por qué ciertas unidades paramilitares sí despojaron tierras y contrastarlas con aquellas en las que este repertorio no se dio.

Sin embargo, durante los estudios de caso nos dimos cuenta de que en algunas ocasiones la unidad paramilitar no despojaba en el municipio que estábamos estudiando, pero sí en otros. En cuanto nos pusimos a la tarea de estudiar por qué sucedía esto, vimos que algunas unidades despojadoras no pudieron desarrollar su actividad allí donde el territorio era disputado por la guerrilla. Esto en particular se aplica al Frente Héroes del Guaviare. Dicho de otra manera, si nos circunscribimos a la unidad de análisis municipal, que parece ser la más nítida, la principal regla de todo nuestro análisis (la articulación de élites legales al proyecto paramilitar en el territorio dado dispara el despojo) se sostiene, pero en cambio las otras dos se caen. Esto es natural, pues los casos de despojo protagonizados por las élites ilegales tuvieron lugar en territorios en donde el estado tenía una presencia más precaria y en donde las unidades despojadoras desarrollaban sus actividades de desposesión coercitiva solamente a parches (ahí donde las condiciones de la competencia bélica las dejaran).

Tomando la unidad de análisis organizacional tenemos tres reglas básicas que parecen gobernar la variación con respecto del despojo activo paramilitar:

a. Articulación orgánica de las élites rurales a la unidad paramilitar. Comprende la participación de dichas élites en el liderazgo de la unidad paramilitar y de pactos entre ésta y gremios de la producción o reconocidos líderes del sector productivo. Se da a través de, por ejemplo, acuerdos explícitos, procesos de acción colectiva conjuntos, presencia en gran escala de miembros de las élites en el personal dirigente, participación de los líderes gremiales en la toma de decisiones dentro del emprendimiento paramilitar y creación de mecanismos explícitos que articulan el negocio con la actividad paramilitar. Allí donde encontramos una participación orgánica de las élites rurales legales en el proyecto paramilitar nos encontramos con niveles altos de despojo.11

b. Participación orgánica de las élites rurales ilegales (particularmente narcotraficantes) en la unidad paramilitar sumada a condiciones organizacionales adecuadas. Como se ve en la Tabla 1, algunas unidades de narco-paramilitares fueron despojadoras. Las que se involucraron en esta actividad eran grandes y actuaron sobre todo en el sur del país.

c. Endogeneidad. Las reglas a. y b. operan con sujeción a limitaciones de carácter militar; la actividad despojadora es menor, o desaparece, en territorios disputados con las guerrillas (no necesariamente con otros paramilitares, ver sección sobre Mecanismos).

Como se aprecia en la Tabla 1, estas reglas separan linealmente a las unidades altamente despojadoras de las demás. No hay una sola unidad paramilitar entre las que estudiamos que sea altamente despojadora y que no tenga estas características. No hay una sola unidad paramilitar que tenga estas características y no despoje. Los valores de la Tabla 1 corresponden a los criterios y a las calibraciones propuestas de la Tabla 2, variables seleccionadas para caracterizar las unidades paramilitares y calibración de cada variable (ver Anexo 1: Documentación de la codificación de las variables y Anexo 2: Revisión de fuentes).

En efecto, de las unidades que estudiamos, hay seis que incurrieron en altos niveles de despojo (aquellas que están marcadas con un 1 blanco en la última columna. Estas seis unidades pueden ser separadas de las demás sin una sola excepción por nuestras dos reglas:

1. Las unidades con un 1 en casilla gris en las columnas F y G son las que corresponden a la primera regla. Ellas, y solamente ellas, tienen un 1 en las dos columnas.

2. Las unidades con un 1 entre círculo en las columnas D y E son las que corresponden a la segunda regla. Separan con una excepción, pues aún queda el Frente Héroes de Guaviare que no incurrió en alto despojo pero cumple las condiciones de las columnas D y E. Sin embargo, si se tiene en cuenta la columna J —tamaño de la unidad—, también destacada entre círculo, tenemos una separación perfecta.

En conjunto, las dos reglas caracterizan plenamente a las unidades altamente despojadoras (las de 1 en la última columna R). Reiterando: ninguna unidad que no cumpla con las condiciones de las reglas 1 ó 2 será altamente despojadora; ninguna que sea altamente despojadora dejará de tener las características destacadas por las dos reglas. La relación es de “si y sólo si”. Más aún, otras condiciones que en apariencia podrían ser altamente relevantes —articulación con el ejército, la policía o las autoridades locales, por ejemplo— no pesan aquí.12

3.2. Ilustraciones

Veamos algunos ejemplos que ilustran este conjunto de reglas. Raúl Emilio Hasbún, ganadero y empresario bananero, se convirtió en el jefe del Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero y fungió como el principal enlace entre las comercializadoras bananeras que financiaron a los paramilitares mediante el pago de tres centavos de dólar por caja exportada que llegaban a la Convivir “Papagayo” (ver caso Turbo). La articulación orgánica no se dio solamente con el gremio de las comercializadoras bananeras, sino también con el gremio ganadero. Hebert Veloza García alias HH y Raúl Emilio Hasbún alias Pedro Bonito acordaron con los ganaderos que el aporte de su financiación se recogería a través de la Asociación Subastas Ganaderas del Urabá Grande —SUGANAR— al momento de pagar lo concerniente a la vacuna de la aftosa.

El Bloque Norte, bajo el mando del ganadero Jorge 40 estableció también una articulación orgánica con los organismos gremiales. Actualmente se encuentra detenido Jorge Visbal Martelo ex presidente de la Federación Nacional de Ganaderos —FEDEGAN— 1991-2004, por sus presuntas relaciones con Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, del Bloque Norte (ver caso Chivolo). Finalmente, encontramos la alianza entre el Fondo ganadero de Córdoba y el Bloque Elmer Cárdenas. Ambos trabajaron de manera conjunta en la planeación y puesta en marcha de uno de los despojos más grandes del Urabá antioqueño en la zona de Tulapas y en la creación de proyectos productivos de caucho y proyectos forestales en esas tierras despojadas (ver caso Turbo).

Ahora consideremos un par de unidades de las que sabemos que se involucraron en el despojo solamente en el margen, como las tardías del Magdalena Medio. Tales agrupaciones son herederas del referente canónico del paramilitarismo de la década de 1980, centrado en Puerto Boyacá, que se construyó alrededor de un gremio dirigido básicamente por grandes ganaderos. Pero estos administraban una economía rural demasiado ineficiente para sostener el costo de la guerra, lo que facilitó la entrada masiva de los narcos (Gutiérrez y Barón, 2006). Esto a su vez generó una gran desorganización en la coalición paramilitar y enfrentamientos armados dentro de ella, lo que a la postre resultó en el fraccionamiento de los dominios territoriales y en la conformación de nuevos grupos que operaron en las décadas de 1990 y 2000. Tales grupos actuaron más como guardias pretorianas que como instrumentos directos de algunas élites rurales; ciertamente, estaban dispuestos a matar13 para satisfacer sus necesidades, pero con un grado significativo de autonomía respecto de ellas en cuanto a toma de decisiones y dirección día a día del manejo de la coerción.14

Típicamente, ninguna de estas agrupaciones que en todo caso jugaron un papel importante en el paramilitarismo de las décadas de 1990 y 2000, desplegó una actividad despojadora muy visible; piénsese en las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de Ramón Isaza y en las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá de Arnubio Triana alias Botalón. No es cierto que se hayan apoyado simplemente en su legitimidad de cara a la población, constituyendo una suerte de “paramilitarismo societario”, como lo quisieran ciertas lecturas optimistas de lo que significó su presencia en el territorio. Por el contrario, se involucraron en desapariciones forzadas muy frecuentes, así como en homicidios contra un amplio espectro de blancos. Y generaron diversas oleadas de desplazamiento con esa violencia (ver caso Cimitarra). Sin embargo, se involucraron de manera apenas marginal en la apropiación coercitiva de tierras. Tanto en el caso de Isaza como en el Botalón nos encontramos con unos pocos bienes claramente identificados que sí fueron robados por los paramilitares, y que incluyen casas y balnearios urbanos. Nada comparable con la magnitud de lo que encontramos en Chivolo o Turbo (ver los capítulos respectivos).

También encontramos unidades como el del Bloque Suroeste Antioqueño (caso Titiribí) en el que las élites rurales jugaron un papel clave en su surgimiento y financiación, pero que no tejieron una alianza orgánica con las élites rurales legales tal cuál la hemos definido en este libro.15 En este caso, la participación de las élites rurales legales se basó en la financiación y en la participación eventual de un ganadero como mando medio de la unidad paramilitar comandada por alias Doblecero y por otros especialistas en violencia, pero no se estableció una relación de interdependencia mediada por acuerdos explícitos entre el grupo paramilitar y los gremios económicos de la zona o los líderes gremiales, ni se crearon mecanismos explícitos que articulan el negocio del gremio con la actividad paramilitar, ni los líderes gremiales tuvieron injerencia en la toma de decisiones dentro del emprendimiento paramilitar como sí ocurrió en otros casos de alto despojo documentados en este libro (ver casos Turbo, Riosucio, Chivolo).

En cuanto a la regla 2 que hace referencia a la participación orgánica de élites rurales ilegales en la unidad paramilitar, tenemos el Bloque Centauros en el que los narcotraficantes Miguel Arroyave alias Arcángel y Daniel Rendón Herrera alias Don Mario no sólo ejercieron la jefatura del bloque (militar y económica respectivamente) sino que además hicieron del narcotráfico su principal fuente de financiación. El Bloque Centauros llegó a conformar un ejército de gran tamaño que superó los 2.900 combatientes, mantuvo estrechas relaciones con la Fuerza Pública y con políticos locales y regionales (ver caso San José del Guaviare) y se caracterizó por ser una unidad muy punitiva y bastante despojadora en los departamentos del Meta y del Casanare (Duarte, 2016). Los casos identificados de despojo realizados por esta unidad sobrepasan las 4.500 hectáreas despojadas (ver el caso San José del Guaviare).

También está el caso de las Autodefensas Campesinas del Casanare bajo el mando de Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, que reemplazó a su padre Héctor Buitrago, ganadero y terrateniente fundador de dicho emprendimiento paramilitar. Martín Llanos estableció estrechas relaciones con los carteles de la droga en México16 y llegó a conformar un ejército de más de 1.200 combatientes. Al igual que el Bloque Centauros tuvo una estrecha relación con burocracias civiles a nivel local y regional y a pesar de que su mayor fuente de financiación fue el narcotráfico, obtuvo rentas de las alcaldías y de los contratos para el sustento de su tropa. Esta unidad también fue altamente despojadora en Casanare y Meta, los eventos identificados sobrepasan las 8.000 hectáreas despojadas (ver caso de San José del Guaviare) a través de mecanismos como ventas forzadas, vicios de consentimiento, escrituras falsas, etc. Muchas de las tierras despojadas fueron convertidas en bases paramilitares, laboratorios de coca y pistas para el tráfico de drogas,17 otras fueron entregadas como botín de guerra al Bloque Centauros que ganó la guerra que se dio entre estas dos unidades paramilitares durante los años 2002 y 2004 (ver caso San José del Guaviare).

En el sur del país encontramos también casos negativos en los que las unidades narco-paramilitares no pudieron llevar a cabo procesos de despojo. El caso ilustrativo abordado en este libro es el del Frente Héroes del Guaviare del Bloque Centauros. Su comandante fue Pedro Oliveiro Guerrero Castillo alias Cuchillo, quien había sido soldado profesional del ejército en el Meta. Esta unidad tuvo fuerte presencia e injerencia en zonas urbanas de San José del Guaviare18 y en algunos corredores rurales hacia el Meta, pero fueron las FARC quienes tuvieron el control militar y territorial en las zonas rurales19 y esta condición constituyó un obstáculo para que el Frente desplegara una gran actividad despojadora.

3.3. Validez y mecanismos

Estas son apenas ilustraciones. Pero la Tabla 1 muestra que en efecto obtenemos una explicación completa y parsimoniosa acerca de la variación sobre la que nos preguntábamos al principio de esta introducción. Como ya anunciamos, nuestras reglas producen una separación lineal entre unidades altamente despojadoras y las que no lo son.

Esto corresponde a la “validez interna” de la proposición (Creswell, 2013), es decir, al hecho de que las reglas funcionan muy bien con respecto de nuestros casos. ¿Qué se puede decir sobre su validez externa, es decir, fuera del conjunto de casos que examinamos aquí? Naturalmente, ella sólo podría establecerse plenamente a través de un estudio cuantitativo, que estamos aún lejos de poder hacer, entre otras muchas cosas por el carácter laberíntico de la red paramilitar, que hace difícil codificar todas las unidades. Sin embargo, tanto la literatura académica como información de contexto proveniente de fuentes primarias y secundarias sugieren que las reglas podrían tener validez externa más que aceptable.20 Por ejemplo una de las unidades paramilitares altamente despojadora y que no abordamos en este libro es la del Bloque Córdoba, liderado por el ganadero y terrateniente Salvatore Mancuso. Su Bloque de más de 2.000 integrantes estableció una alianza orgánica con élites rurales, gremios económicos y políticos a nivel local y regional,21 lo que le permitió llevar a cabo varios despojos de tierras en los municipios de Tierralta, Valencia y Montería en el departamento de Córdoba, entre otros (Salinas y Zarama, 2012).22

En general, el patrón de “casos positivos” y “negativos” sigue de manera bastante fiel la regla A que encontramos en el transcurso de este libro. En toda la literatura académica, solamente encontramos una posible excepción, que es el informe del Grupo de Memoria Histórica sobre los luctuosos eventos de Trujillo, 2008, en donde una alianza de paramilitares, fuerza pública, políticos y narcotraficantes martirizó a la población durante ocho largos años. El libro sostiene que la población, además de ser víctima de asesinatos, masacres y otros ataques brutales, fue víctima del despojo. Esta proposición podría contradecir nuestra regla A, al menos reduciendo su estatuto (de regla plenamente válida de acuerdo con la evidencia disponible a altamente probable).

Sin embargo, cuando se examina la conceptualización, la evidencia y la narrativa del informe se llega a la conclusión de que no demuestra que hubiera despojo, y de hecho no presenta un solo caso concreto de despojo (en contraste con otros crímenes, que están plenamente documentados). Veamos cada uno de los aspectos por separado. Con respecto de la conceptualización, el informe nunca dice explícitamente qué entiende por despojo, tipifica como despojo algunas acciones que no lo son, como depreciación de los avalúos de los predios, o compras a sobre costo. Con respecto de la evidencia, en realidad toda la que se relaciona con tierras está orientada a documentar la compra de tierras por parte de narcotraficantes desde la década de 1960 y que se agudiza en la de 1980. Esto es conceptual y analíticamente distinto al despojo de tierras paramilitar como lo estamos entendiendo nosotros, y de hecho refuerza tanto nuestras reglas sobre el fenómeno observado como las explicaciones que ofrecemos acerca de ellas. La tierra tampoco aparece en la estipulación de los móviles para la agresión contra la población de Trujillo por parte del informe (Memoria Histórica, 2008, p. 39). A lo largo de la narrativa se incluyen nuevas categorías: despojo mediante coerción sin uso de figuras jurídicas y despojo con uso de figuras jurídicas, recurriendo o no a la coerción y la fuerza. La primera incluye el cambalache, cuya ocurrencia no tiene relación con los paramilitares (según los autores tuvo lugar en las décadas de 1940 y 1950) y no está apoyada en ninguna clase de documentación o evidencia. La segunda tampoco parece corresponder estrictamente al periodo paramilitar: “esta práctica no parece ser propia del contexto del narcotráfico sino heredada de épocas anteriores, cuando los conflictos de apariencia sociopolítica eran una cosa cotidiana” (Grupo de Memoria Histórica, 2008, p. 119). En otros apartes el informe documentó compras de tierra por parte de los narcotraficantes para lavado de activos, algunos de estos casos podrían constituir despojo si medió el amedrentamiento junto con el daño enorme, pero no se presenta un sólo caso de esta naturaleza: simplemente se nombra la extensión del fenómeno de adquisición de tierras por parte de los narcos.

En síntesis, el informe no conceptualiza el despojo ni presenta evidencia de que se haya presentado, incluye diferentes periodos históricos, y no articula el tema de tierras a los ataques contra la población civil. Y, una vez tomado esto en consideración, lo que muestra es plenamente compatible con nuestras reglas. Ahora bien, siempre es posible que surjan nuevas evidencias de despojo en Trujillo. Pero aún así la presencia narco en el proyecto paramilitar se acercaría a lo que encontramos en la regla B, al estilo de los paramilitares del sur del país. Es decir, el importante caso de Trujillo podría arrojar nuevas luces sobre la relación entre paramilitares y despojo, sin debilitar fundamentalmente las dos reglas encontradas aquí. El resto de la literatura considerada incluyendo los trabajos más metódicos, también lo es, como por ejemplo Corporación Jurídica Yira Castro (2011).

La pregunta entonces es qué puede explicar semejante separación tan nítida. Dicho de otra manera, es necesario abrir la caja negra de las dos reglas e intentar desentrañar su significado analítico. Sobre la base de los casos considerados en este libro, sugerimos que se encuentran en acción al menos los siguientes mecanismos para cada una de las reglas.

Regla 1: Articulación orgánica a élites rurales legales

¿Cuáles mecanismos podrían explicar que el despojo dé un salto cualitativo hacia arriba cuando las élites rurales se articulan orgánicamente a la unidad paramilitar? Examinemos algunos de los principales:

a. Incentivos. Algunas élites rurales legales obtenían más apropiándose de tierras que cualquier otro actor vinculado al paramilitarismo. En primer lugar, podían legalizarlas de manera relativamente rápida y ponerlas a producir. Por lo tanto, se encontraban en la posibilidad de acceder rápidamente a subsidios, exenciones y líneas de crédito especiales, altamente concentradas en pocas manos y orientadas a ciertos rubros de la producción (p. ej., ganadería y palma), ofrecidas por diferentes gobiernos a sectores específicos de las élites rurales en las últimas décadas.23

En el libro se abordan varios casos emblemáticos de esto. El ganadero y terrateniente, hoy declarado despojador César Augusto Castro alias Tuto Castro recibió dineros por parte de Cormagdalena para implementar proyectos maderables en tierras despojadas de la finca la Boquilla o antigua hacienda la Palizúa (ver caso Chivolo). También están los casos emblemáticos de Curvaradó y Jiguamiandó en el que 23 empresas palmeras pudieron llevar a cabo sus proyectos de palma de aceite en tierras despojadas, y los casos de proyectos forestales implementados en La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla (ver caso Riosucio). Otro ejemplo emblemático lo encontramos con el Fondo Ganadero de Córdoba que se apropió de grandes cantidades de tierras bajo compras forzadas en lo que constituyó el despojo más grande de Antioquia en la zona conocida como Tulapas. En este caso se dieron más de 51 transferencias de tierra a la persona Jurídica del Fondo Ganadero de Córdoba en los municipios de Necoclí y Turbo, varias de dichas transferencias se realizaron otorgando poderes a Sor Teresa Gómez Álvarez, familiar de los Castaño y en la notaria tercera de Montería en Córdoba.24

En esta zona de Tulapas, el Fondo Ganadero de Córdoba y la ONG paramilitar Asocomun implementaron proyectos productivos forestales y de caucho. La ONG paramilitar recibió de manera directa recursos de entidades del estado y de la cooperación internacional para el desarrollo de varios de sus proyectos y por si fuera poco, fue condecorada por el Congreso de la República25 (ver caso Turbo).

Algunas élites rurales tenían la posibilidad de conectar las nuevas propiedades adquiridas por la coerción con otros globos de tierra que ya estaban en sus manos, creando así haciendas de gran tamaño para desarrollar economías de escala, como en el caso de algunos ganaderos en el Urabá que se apropiaron de veredas enteras. Aquí es emblemático el caso de las fincas de la vereda Paquemás en Turbo apropiadas por el ganadero Álvaro Mesa Cadavid hermano del ex diputado de Antioquia Rodrigo Mesa.26 También podían ganar expulsando a poblaciones que hubieran adquirido sus parcelas a través de alguno de los procesos de reforma agraria iniciados por el estado colombiano en los últimos cincuenta años, deshaciéndose de potenciales desafíos políticos y sociales (ver punto d). Aquí son muchos los casos ilustrativos, por ejemplo las poblaciones afrodescendientes de La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla que recibieron del Incora sus títulos colectivos mientras eran despojados por los paramilitares de alias El Alemán (ver caso Riosucio), pero también están los casos de poblaciones campesinas beneficiarias de reforma agraria en el Magdalena despojadas y expropiadas de sus títulos por alias Codazzi y los hombres de Jorge 40 en varias veredas del municipio de Chivolo como la Pola, la Palizua, El Encanto y Bejuco Prieto, entre otros (ver caso Chivolo). Lo mismo ocurrió en Turbo con los despojos realizados por Freddy Rendón alias el Alemán y Hebert Veloza alias HH en los que realizaron compras forzadas a los beneficiarios de reforma agraria y los obligaron a transferir la propiedad a manos paramilitares o sus testaferros (ver caso Turbo).